M+.- Un comando del cártel de Los Zetas quemó casas y secuestró a familias enteras en marzo de 2011, en Allende, Coahuila. Las cifras nunca terminaron de cuadrar: se habla de entre 60 y 300 víctimas.
Tras los hechos, se documentó que la matanza fue debido a que los hermanos Treviño Morales, líderes de esa organización, descubrieron que entre sus filas se había dado una supuesta traición al colaborar con agentes estadunidenses a los que les proporcionaron información sobre las actividades de la banda criminal.
Lo que no se tenía claro es que el origen de esa presunta traición fue en realidad una filtración de información que salió de una unidad policial mexicana entrenada y apadrinada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Una década después, en 2021, la propia Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia estadunidense, entidad independiente que supervisa a todos los agentes, concluyó por escrito en agosto de ese año –en la auditoría 21-109– que la supervisión que la sede de la DEA ejercía sobre las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) que apadrina en el extranjero y están integradas por agentes locales, era insuficiente para el entorno de altísimo riesgo en el que operaban.
La auditoría encontró que la DEA hacía, si acaso, una revisión limitada después de incidentes como el de Allende. Había construido una red de socios fuera de su país, pero, durante años, no tuvo cómo ni quién las vigilara.
“La DEA carece de una estrategia integral para estos programas, lo que dificulta su capacidad para tomar decisiones bien fundamentadas, gestionar eficazmente sus alianzas extranjeras y demostrar el éxito colectivo de las operaciones que apoya”, señala ese comunicado de la Oficina del Inspector General.
Ese tipo de hallazgos no fue la constatación de tropiezos aislados, sino la punta de algo más grande. Una revisión de las auditorías hecha por MILENIO de los memorandos de alerta y los reportes semestrales que la OIG hizo públicos en la última media década revela que la agencia antidrogas más poderosa del mundo permitió que sus agentes lavaran dinero del narco, vendieran secretos a los capos, robaran la droga que debían destruir y operaran en el extranjero sin que nadie vigilara a sus agentes.
El agujero internacional
En septiembre de 2024, el memorando 24-117 documentó que la DEA tardó en reportar al Departamento de Estado violaciones graves de derechos humanos admitidas por policías extranjeros durante sus exámenes de polígrafo: torturas, asfixia con bolsas, descargas eléctricas.
Fueron cinco casos, con demoras de hasta 266 días, y en uno de ellos, mientras el reporte se atoraba en los escritorios, el policía señalado fue aprobado para recibir entrenamiento de otra agencia estadounidense.
El dinero de esas mismas unidades también se manejó con ligereza. Una investigación de la OIG de enero de 2023, la 23-019, estableció que un director regional desvió fondos de las Unidades de Investigación Sensible para comprar artículos no permitidos durante viajes del entonces administrador interino de las oficinas de la DEA en el exterior.
Más aún, ordenó a varias oficinas que hicieran un uso indebido del proceso de solicitud y documentación para transferir dinero en efectivo, y hasta pidió que le reembolsaran los gastos de su propia fiesta de cumpleaños. Cuando lo confrontaron, faltó a la verdad, por lo que fue destituido.
La forma misma en que la agencia hace inteligencia en el extranjero quedó bajo la lupa. La auditoría A-2007-1, de junio de 2020, miró hacia adentro de las operaciones encubiertas generadoras de ingresos, en las que la DEA participó en el lavado de dinero para infiltrarse en los cárteles.
El resultado fue un catálogo de fallas: supervisión deficiente, expansión del alcance sin aprobación, en algún punto el esquema sumó hasta a una organización narcoterrorista, estadísticas infladas y fondos gastados de forma ilegal.
En septiembre de 2024, la auditoría 24-114a reveló que la DEA contrató a 184 personas que no aprobaron el polígrafo, con acceso a material clasificado pese al engaño detectado. Entre ellas, contratistas y oficiales extranjeros colocados en áreas reservadas..
Las autorías también revelan que los agentes de la DEA se han dejado corromper desde hace por lo menos 10 años.
Además, otro reporte de la OIG de 2015 ya había documentado que 10 agentes que trabajaban en Colombia participaron en fiestas con prostitutas pagadas por narcotraficantes locales, y que varios recibieron dinero en efectivo, regalos costosos y hasta armas de gente ligada a esos cárteles. Ninguno de los nombres se hizo público.
Un caso reciente es el de José Irizarry, un agente de origen puertorriqueño que convirtió la agencia antidrogas en su caja chica: desvió unos nueve millones de dólares de investigaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA hacia sí mismo y sus cómplices y recibió, según el Departamento de Justicia, sobornos y comisiones ilegales.
Además, Irizarry usó su cargo para impulsar las actividades de un cártel violento en Colombia y con ese dinero se compró joyas, autos de lujo y una casa. En octubre de 2021 fue sentenciado a 12 años de prisión.
Otros agentes vendieron información. La auditoría revela el caso de Manuel Recio, un veterano que, tras jubilarse, montó una consultoría a través de la cual, junto con un agente todavía en activo, sacó del sistema confidencial de la agencia los nombres de quienes estaban bajo investigación para venderlos a los abogados de los capos.
Las auditorías revelan otros casos de agentes que, en lugar de perseguir traficantes, usaron su cargo para manipular casos. Tal es el de Chad Allan Scott, activo en Luisiana, que falsificó documentación de casos, mostró mala conducta, obstruyó la justicia y robó. Terminó sentenciado a 13 años.
También destaca el caso de un exsupervisor de la DEA llamado Nathan Koen, quien aceptó sobornos de un traficante y fue condenado a más de 11 años en una prisión federal de Arkansas.
De igual forma, llama la atención la historia de Joseph Bongiovanni, en Búfalo, quien protegió durante años a personas ligadas al crimen organizado italiano, filtrándoles investigaciones, identidades de informantes y tácticas policiales a cambio de sobornos que recibió entre 2005 y 2019. Fue condenado a 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.
El episodio más reciente de esta línea es el que mejor resume hasta dónde llega la traición al interior de la agencia. Paul Campo pasó 25 años en la DEA y llegó a jefe adjunto de la Oficina de Operaciones Financieras, el escritorio desde donde se rastrean las fortunas de los capos. Se retiró en 2016 y, según la acusación federal que hoy enfrenta, puso todo ese conocimiento al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A finales de 2024, un infiltrado que se hizo pasar por operador del cártel lo grabó cuando hablaban de blanquear hasta 12 millones de dólares mediante criptomonedas, bienes raíces y contrabando de efectivo, gracias a los contactos de Campo y un socio llamado Robert Sensi. Negociaron respecto de la compra de drones y armamento.
En un restaurante de Manhattan, cuando el infiltrado le preguntó cómo podía confiar en que no lo arrestarían, Campo respondió mostrando su placa de la DEA. Hoy enfrenta cargos y se encuentra bajo custodia federal por conspirar para dar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por lavado de dinero.
El reporte semestral de la OIG, correspondiente a octubre de 2024 y marzo de 2025, detalla cómo un exoficial de un grupo de tarea robaba narcóticos incautados, falsificaba certificados de destrucción para que en los papeles todo cuadrara. Fue sentenciado a 210 meses.
Otro reporte registra a un técnico contable que malversó poco más de 75 mil dólares sacando efectivo de la bóveda, y otro a una especialista en decomiso de activos que fue sentenciada por robar datos personales de una base de datos a la que accedía por su empleo para venderlos y cometer fraude.
En octubre de 2024, el memorando 25-001 también reveló que un arma fantasma fue ensamblada con el cañón y la corredera de una pistola de la DEA que, según los registros, había sido destruida en 2019. El arma reapareció en un arresto en 2023, mientras la auditoría encontraba piezas guardadas en contenedores abiertos en Quantico y unas 100 armas sin localizar, sin una sola política escrita que ordenara el proceso.
Lejos de los reflectores del narco, la OIG también halló cómo se malgasta el dinero del contribuyente estadounidense dentro de la DEA. La auditoría 21-079 documentó la adjudicación de unos 33 millones de dólares en contratos del sistema de laboratorio, prácticamente sin competencia, a un solo proveedor, además del uso de memorias USB y discos no autorizados con datos sensibles.
Mientras que el memorando 20-082, sobre la administración de contratos del Departamento de Justicia, puso a la DEA como ejemplo: en un contrato de lingüistas, el 93 por ciento de los traductores no tenía la prueba de competencia requerida y varios trabajaron sin verificación de antecedentes, con casi tres millones de dólares cuestionados; en otro caso de investigación financiera, encontraron un sobreprecio de 485 mil dólares.
AG