La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por un monto de 256 millones de pesos en el organismo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por diversos servicios como el mantenimiento de sistemas de videovigilancia para cárceles federales.
De acuerdo con los resultados del Tercer Informe de la Cuenta Pública 2022, dicho organismo registra un total pendiente por aclarar de 256 millones 355 mil 138 pesos, la mayoría en gastos en servicios de luz, gas, diésel y agua por una cantidad de 199 millones 773 mil 400 pesos, "sin contar con la documentación que acredite los consumos diferenciados entre los proveedores".
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También detectó que no se acreditó la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de circuito cerrado del Centro Federal de Reinserción Social número 4 Noreste, por el cual pagó 13 millones 619 mil 400 pesos.
"Realizó pagos por 13 millones 619 mil 400 pesos, sin contar con la evidencia documental que acredite la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo (menos y mayor) al sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), para el CEFERESO no.4 Noreste", señala la auditoría.
Irregularidades en Servicio de Protección Federal
La ASF también encontró irregularidades en contratos celebrados por el Servicio de Protección Federal (SPF) para la compra de cascos balísticos, armamento y vehículos.
Entre las irregularidades que localizó la auditoría está la adquisición de armas y equipamiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que identificó que 376 cascos balísticos "no se encontraron en el almacén del SPF ni se demostró su distribución al personal respectivo".
Mientras que en la adjudicación de un contrato para la compra de vehículos consideró que "no se administraron los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez", debido a que no se buscaron las mejores condiciones para la celebración del acuerdo con la empresa Cars & Cars Román.
“En la adjudicación de un contrato formalizado con la empresa Cars & Cars Román, S.A. de C.V., no se administraron los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, toda vez que en la adjudicación, no se buscaron las mejores condiciones para el Estado, ya que se solicitó la cotización del servicio a los mismos cuatro participantes de la licitación declarada como desierta".
"Entre éstos, la empresa adjudicada, de los que no se presentó el acuse de la solicitud de cotización de un participante; tampoco, se supervisó que la citada empresa acreditó que contaba con la experiencia de haber prestado servicios similares en al menos tres contratos entre los años de 2016 a 2020 de acuerdo a las necesidades del SPF de hasta 582 unidades de diez tipos de vehículos”.
RM