En sólo dos meses, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 228 denuncias penales en contra de funcionarios del ISSSTE por posibles delitos de corrupción cometidos a lo largo del sexenio pasado, pero también en 2019 y 2020.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información formulada por MILENIO, las 228 denuncias fueron presentadas por el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, que depende de la SFP, entre abril y junio de 2020, en plena pandemia por covid-19.
Esas 228 acusaciones contra el ISSSTE se suman a dos denuncias que en marzo y septiembre de 2019 habían presentado el mismo OIC y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP.
Así, el ISSSTE es la institución del gobierno federal que actualmente acumula más acusaciones de la SFP por posibles actos de corrupción en el periodo que estuvo encabezado por el fallecido Sebastián Lerdo de Tejada, Luis Antonio Godina, José Reyes Baeza, Florentino Castro y el actual director, Luis Antonio Ramírez.
Los 230 casos del ISSSTE representan el 63 por ciento de las 365 denuncias penales que la Secretaría de la Función Pública presentó ante la FGR en el primer año y medio del sexenio contra 38 instituciones del gobierno federal.
Según la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, en todo el sexenio anterior, esa misma dependencia sólo presentó 113 denuncias penales.
Después del ISSSTE, las instituciones con más acusaciones penales de la SFP en el primer año y medio del actual gobierno son Pemex y sus subsidiarias, que acumularon 26 denuncias; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 10 denuncias; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con 9; el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que antes se llamaba Comisión Nacional de Protección Social en Salud Seguro Popular, con 8, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con cinco.
Incluso la SFP ha presentado cuatro denuncias por posibles delitos de corrupción cometidos al interior de la misma Secretaría, en los años 2014, 2018 y 2019.
La mayoría de los actos por los que se acusa a servidores públicos de estas instituciones fueron presuntamente cometidos en el sexenio anterior, aunque también hay denuncias por hechos de 2019 y 2020.
El caso del ISSSTE
De las 230 denuncias penales en contra del ISSSTE presentadas por la SFP, 68 de ellas, el 29.5 por ciento, corresponden a presuntos delitos cometidos en 2019 y 9 durante 2020, ya en el actual gobierno.
A pesar de que se trata de la institución con más denuncias en su contra por parte de la SFP, ni la respuesta vía transparencia ni el área de Comunicación Social de la dependencia proporcionaron detalles de cuáles fueron los presuntos delitos identificados al interior del ISSSTE que motivaron la presentación de más de 200 denuncias en dos meses.
El 23 de enero de 2020, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que se mantenían abiertas diferentes investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas celebradas por el ISSSTE por más de 12 mil millones de pesos y que para entonces, había presentado denuncias penales porque no se comprobaron más de 7 mil 800 millones de pesos del Seguro Popular entre 2007 y 2016.
De acuerdo con la información entregada vía transparencia, en 2019, la SFP presentó dos denuncias penales contra el ISSSTE: en marzo y en septiembre.
Tres meses después, la SFP comenzó con el paquete más grande de denuncias contra el ISSSTE.
De acuerdo con la información proporcionada a MILENIO, los expedientes conformados por el OIC del ISSSTE se fueron acumulando y se interpusieron ante la FGR; el 15 de junio fue cuando más denuncias penales se presentaron.
En abril, se presentaron 16 denuncias; el 27 y 30 de abril, cinco cada uno.
En mayo, se presentaron 50 denuncias; sólo el 26 de mayo, 22.
En junio se presentó la mayoría de acusaciones; los días 4 y 15 fueron los de más carga de trabajo, pues se presentaron 47 y 68 denuncias, respectivamente.
Desde abuso de autoridad hasta enriquecimiento ilícito
La presentación de denuncias penales significa que las irregularidades que se encuentran en las dependencias de gobierno, como parte de las labores de auditoría y vigilancia de la SFP, van más allá de ser meras faltas administrativas, sino que ya pueden ser considerados delitos.
Por lo tanto, las autoridades tienen la obligación de dar vista a la FGR para que se abra la carpeta de investigación correspondiente.
Los delitos por hechos de corrupción, antes considerados como delitos cometidos por servidores públicos, fueron tipificados en el Código Penal Federal en la reforma anticorrupción del 18 de julio de 2016.
Éstos pueden ser el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
bgpa