El gobierno estatal de Jalisco plantea la necesidad de una reforma constitucional donde el eje principal es la integración y participación ciudadana, iniciativa privada e instancias académicas.
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Ante la fragilidad institucional y la estrategia fallida en las corporaciones de seguridad pública y la procuración de justicia, como la Fiscalía de Jalisco, es que el Gobierno del Estado anunció una reestructuración interna.
“El paradigma de la seguridad ciudadana considerada como un bien público se sitúa en un marco de gobernanza democrática de cultura de paz y de respeto a los Derechos Humanos que coloca a la persona y a la ciudadanía como sujetos históricos en el cual debe concluir todas las acciones del Estado plantea formas de cooperativas de pensar y hacer seguridad para ello involucra una pluralidad de actores en la coproducción de políticas y estrategias de seguridad donde participan instituciones públicas las propias comunidades en su conjunto para dar paso a la colaboración de la sociedad civil organizada, iniciativa privada, instancias académicas, medios de comunicación, entre otros”, expuso el gobernador.
Los hechos que orillaron y develaron el modelo de seguridad como ineficiente fue el asesinato de Giovanni López por parte de los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos así como el uso de la fuerza de elementos de seguridad del estado y municipal hacia las personas que se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del joven los días 4, 5 y 6 de junio.
Enrique Alfaro Ramírez reconoció que el grado de infiltración por parte del cuerpo de seguridad con el crimen organizado, vulnera los derechos humanos de los jaliscienses.
Añadió que a inicios de su administración se acordó con el Gobierno Federal, en que Jalisco enfocaría su estrategia de seguridad en enfrentar los delitos patrimoniales mientras que la federación combate al crimen organizado.
“En el arranque del gobierno no podemos incidir de manera significativa en las causas del problema. Atendimos los efectos pero nos falta atender las causas. En particular hay que decirlo los hechos ocurridos cuatro, cinco y seis de junio del año pasado nos demostraron que nuestro modelo policiaco tiene muchas deficiencias estructurales que lo hacen frágil”, señaló.
El nuevo modelo planteado por parte del Estado nace de la integración de diversas mesas de trabajo que analizaron la situación que guardan los elementos de seguridad, la eficacia de los ministerios públicos, la violación a los derechos humanos y la desvinculación entre gobierno y ciudadanía, lo que describen como una débil gobernanza, además de ver necesario separar la seguridad de la política.
“Todos estos hallazgos nos referimos a la Policía Estatal, creemos que se requiere que la toma de decisiones y el poder que se ejerce sobre la Policía Estatal y de la Policía Estatal tiene que hacerse bajo principios de gobernanza democrática, es decir, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, toma de decisiones basadas en decisiones técnicas”, dijo el asesor técnico de la Mesa de Revisión de Funcionamiento de las Policías, Alejandro Fontecilla García.
La aplicación del nuevo modelo iniciará en el mes junio y prevén tener resultados a corto plazo. Para el mes de septiembre se tiene programado hacer el primer corto y retroalimentación.
De los puntos a trabajar están la mejora de los derechos laborales de los policías con mejores sueldos y recursos materiales para el ejercicio de su labor, profesionalizar con una carrera policial a los que buscan formar parte de la corporación, normar el uso de la fuerza con estándares internacionales.
También se busca fortalecer los protocolos, reglamentos y políticas públicas a través del arte, la cultura y la filosofía, puntos que mencionan como importantes para sanar el alma de la población ante la normalización de la violencia en todos los sectores.
SRN