El 9 de julio un grupo de 10 mujeres salió a marchar para exigir justicia por menores de edad que fueron víctimas de abuso en escuelas públicas de Jalisco; siete fueron vinculadas a proceso acusadas de presunto pandillerismo.
En entrevista para MILENIO, de manera anónima dos de las activistas que fueron detenidas durante la protesta aseguraron que hubo represión y agresiones por parte de los elementos de la policía que procedieron a detenerlas luego de que se realizara iconoclasia en el inmueble de la Secretaría de Educación de Jalisco.
“Yo al principio no me resistí, pero le dije a la policía que me dijera el porqué estaba siendo detenida y que me leyera mis derechos, motivo por el cual ella se puso agresiva, una me jalaba para un lado y otra me jalaba para el otro, y como me estaban jalando los brazos me fracturaron la muñeca”, explicó una de ellas.
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Otra de las mujeres, que acudió a la marcha con su bebé dijo que al momento que comenzaron las detenciones a sus compañeras, a ella también la intentaron someter elementos de la policía e incluso la amenazaron con quitarle a su hijo.
“En mi caso me jalaban para subirme y me decían que les diera a mi bebé, les dije que sí iba a caminar, que yo podía sola; además, me querían subir a una patrulla sólo a mí y yo dije que no porque tenía miedo de una desaparición forzada”, comentó.
Pero pese a que esta es la primera vez que ellas han sido vinculadas a proceso, aseguraron que ésta no es la única ocasión en donde la policía ha reprimido de manera violenta una protesta o manifestación en el estado y reiteraron la nula perspectiva de género del cuerpo de ateneas.
“Las ateneas que pregonan estar capacitadas desde esa perspectiva de género no lo están, a nosotras nos violentaron física y psicológicamente, pero también nos revictimizaron”, aseguraron las mujeres participantes de la protesta.
Ellas relatan que al ser detenidas, fueron violentadas, tuvieron lesiones en los dedos, en la espalda; "las amenazaron a todas, incluso una de las ateneas les dijo que tenía muy buena puntería y que si se paraban les daban en la cabeza”, dijo Itzul Barrera, integrante de Las Paritaristas.
A más de tres semanas de lo sucedido, ahora siete de ellas están en libertad condicional, enfrentando un proceso ante la Fiscalía de Jalisco acusadas de pandillerismo y daños a inmuebles, por lo cual no tienen permitido salir del estado y deben ir cada dos semanas a firmar al penal de Puente Grande.
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Para estas mujeres su vida ha cambiado completamente no sólo por el proceso que enfrentan, sino por la revictimización que han tenido que vivir por parte de las autoridades estatales junto con la restricción que tienen del libre tránsito, ya que tienen prohibido acercarse a cualquier edificio público a menos de 500 metros.
“Son mujeres trabajadoras y madres que lo que hacen es manifestarse en nombre de todas y ahora no pueden ni siquiera caminar libremente porque se les ha restringido el tránsito”, expresó Itzul.
Asimismo, acusó al gobierno de Enrique Alfaro de desacreditar a las mujeres que decidieron salir a las calles a alzar la voz y precisó que su discurso como gobernador las ha revictimizado en múltiples ocasiones desde que ocurrieron los hechos a principios de julio.
“Lo que nos parece más grave es que el gobernador de Jalisco decía que el movimiento feminista se desacreditaba por unas cuantas haciendo referencia a estas 10 compañeras y además nos parece alarmante que él nos diga cómo nos tenemos que manifestar, siendo que en tres años de su administración nunca se ha sentado a platicar con las organizaciones feministas”, precisó.
Actualmente, a nivel nacional, Jalisco se encuentra en el segundo lugar de feminicidios con 43 casos; San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga encabezan la lista de los 100 municipios con más feminicidios.
Por ello, las activistas hicieron un llamado a no revictimizar a las mujeres que deciden manifestarse frente a la violencia de género que se vive actualmente en el estado y de la cual, aseguran, no ha habido respuesta de parte de la autoridad correspondiente.
“Queremos que nos dejen de criminalizar, de tacharnos de violentas y que no nos persigan a nosotras en esta cacería de brujas... es necesario sentar un precedente en el tema de la criminalización de la protesta para todas las activistas feministas, ya que si no se hace algo no sabemos cómo se van a reprimir las siguientes manifestaciones”, puntualizaron las activistas de Jalisco.
DMZ