El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, impugnó la resolución del juez federal que rechazó su petición de dejarlo enfrentar su proceso en prisión domiciliaria, mismo que ratificó que deberá permanecer en prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure su proceso.
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En octubre de 2018, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, se decretó el decomiso de 40 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento cada uno.
La impugnación de Duarte fue interpuesta por el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, tras cumplirse el plazo legal de tres días hábiles para promoverlo.
Ahora, corresponderá a un tribunal federal determinar si la resolución fue apegada o no a derecho.
El pasado 5 de enero, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, resolvió que Javier Duarte debe continuar en prisión, ante la posibilidad de que vuelva a evadirse de la acción de la justicia.
El juzgador también le negó la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad o de permanecer en prisión domiciliaria. Sus abogados dijeron que había conseguido la ayuda de amigos y familiares para pagar un departamento con una renta mensual de 25 mil pesos.
Sin embargo, el juez indicó que esto sólo demostraba que Javier Duarte contaba con apoyos económicos que podrían facilitarle su fuga.
En diciembre pasado, un tribunal federal otorgó un amparo al ex gobernador, sentencia que ordenó dar trámite al recurso de apelación con el cual pretende echar abajo la sentencia de nueve años de prisión dictada en su contra.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México determinó que el juez de control tenía que dar trámite a la apelación para que un Tribunal Unitario se pronuncie sobre su admisión sin necesidad de ordenar su ratificación pues con las manifestaciones hechas por el quejoso, queda de manifiesto que no es su intención desistirse.
El amparo es para el efecto de que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, reponga el procedimiento y de trámite al recurso de apelación.