Un juez federal ordenó a las autoridades de Veracruz que informen si hay personas que tengan derecho a la reparación del daño por la desaparición forzada en agravio de David Lara Cruz, delito que se le imputa al ex gobernador de la entidad, Javier Duarte, y de ser así se les emplace a juicio.
MILENIO dio a conocer en junio de 2018, que Alma Leyda Sosa Jiménez, jueza de Control en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, ordenó la aprehensión del ex mandatario estatal por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
En abril, Javier Duarte promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que se busque ejecutar en su contra, asunto que desahoga Juan Mateo de Brieba Castro, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Brieba Castro fue notificado por el juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa sobre la existencia de la orden de aprehensión girada en la causa penal 103/2018 por el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de David Lara Cruz.
Por esta razón, el juzgador solicitó el auxilio de las autoridades veracruzanas, para conocer “si existe persona o personas que tengan derecho a la reparación del daño derivado del hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas (...) y proporcione sus nombres y el domicilio en el que puedan ser localizados a fin de emplazarlos a juicio”.
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Asimismo, pidió que se le proporcione el domicilio en el que puede ser localizado David García Galván, fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa o en su caso de la autoridad ministerial que haya intervenido en la audiencia donde se emitió la orden de aprehensión.
En junio de 2019, el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, rechazó otorgar un amparo a Javier Duarte contra la orden de captura.
Duarte alegó que la orden de aprehensión “no satisface los requisitos para su emisión, toda vez que de la totalidad de datos de prueba, sólo en uno de ellos se hace mención de éste y de los restantes el Ministerio Público fue omiso en emitir razonamientos que los entrelacen”.
"No se podía filtrar información de desapariciones"
Asimismo, que la declaración del testigo (el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz), es insuficiente para dictar la orden de captura, “toda vez que se trata de un testigo singular y no se trata de testimonio único, pues conforme a lo declarado por éste, el supuesto hecho fue presenciado por más de un sujeto”.
En el expediente se menciona que “el gobernador exclamó exaltado que no se podía filtrar dicha información (de desapariciones); porque se armaría un pedote, que ya traían encima el tema de Tierra Blanca con el que le estaban dando una madriza en medios nacionales, que no se podía dar el lujo de un hallazgo masivo de cuerpos porque le iban a partir la madre”, motivo por el cual supuestamente ordenó entorpecer las investigaciones.
irh