Un Tribunal Federal ratificó el amparo otorgado a la hermana y cuñado del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sentencia que dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Por unanimidad, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución de Rosa Montaño Martínez, jueza Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien ordenó a un juez del Estado de México que vuelva analizar si existen o no elementos para ordenar la captura de Roselia Abarca Velázquez y su esposo Cirilo Lara Brito.
En agosto pasado, vecinos y familiares impidieron que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaran un operativo en Iguala, donde buscaba detener a estas dos personas.
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El matrimonio fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por presuntamente recibir dinero de José Luis Abarca, cuyo origen radica en actividades ilícitas por sus probables nexos con la organización criminal que operó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
En la sentencia de más de mil 300 fojas, existen diversos testimonios rendidos ante el Ministerio Público Federal que aseguran que Roselia era maestra y Cirilo un comerciante, quienes amasaron una fortuna en poco tiempo.
En la indagatoria que inició la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se enumeran 31 inmuebles valuados en más de 8 millones 330 mil pesos, todos de su propiedad, entre los que existen joyerías, pero que según la dependencia no existen registros de compra venta ante las autoridades hacendarias. También se les adjudican transferencias millonarias.
Los testimonios señalan que apoyaron a José Luis Abarca en su campaña e invitaban a la población a unirse porque “de todas las maneras él iba a ser el presidente municipal, al fin que ellos tenían todo controlado para que este ganara las elecciones”.
Roselia Abarca y Cirilo Lara Brito son propietarios del Centro de Estudios Benemérito de las Américas, en Iguala, uno los colegios privados más costosos de la zona.
Ahora, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México deberá analizar si existen o no indicios para ordenar la captura.
Los magistrados del Tribunal Colegiado mencionaron que los alegatos de la FGR no son suficientes para revocar el amparo otorgado, porque simplemente señalaron que la juez no apreció correctamente el acto reclamado.
“Cuestiones que no abordó la institución ministerial de manera frontal, sino que, se reitera, se constriñó a sólo a señalar que la juez de amparo apreció incorrectamente el acto reclamado, además, de que la inconforme realizó una relación de pruebas para señalar de manera genérica la acreditación del cuerpo del delito, sin precisar las hipótesis, así como la probable responsabilidad penal de los quejosos.“Así, no se combatió mediante argumentos lógicos, suficientes e idóneos, lo destacado en la sentencia impugnada en los términos precisados, a efecto de que este órgano colegiado revisor, estuviera en aptitud de evidenciar si, efectivamente, en el acto reclamado se cumplieron o no con los requisitos contenidos en el artículo 16 de la Constitución; por lo que sus solas manifestaciones, son inoperantes”, expuso el Tribunal.
JLMR