Un Tribunal Federal absolvió a José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sentencia que es definitiva y que no podrá combatir la Fiscalía General de la República (FGR).
El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas, también exoneró de estos hechos a Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de la mencionada localidad, además de 18 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado.
El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia dictada en 2019 por el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en la causa penal 66/2015. De acuerdo con registros judiciales consultados, el Tribunal Federal emitió su resolución ayer, y hoy la notificó oficialmente a las partes.
En el expediente judicial se menciona que algunos de los involucrados exonerados fueron detenidos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El resto de las personas absueltas son:
- Alejandro Andrade de la Cruz
- Arturo Calvario Villalba
- Baltazar Martínez Casarrubias
- Emilio Torres Quezada
- Fausto Bruno Heredia
- Hugo Salgado Vences
- José Vicencio Flores
- Juan Luis Hidalgo Pérez
- Marco Antonio Ramírez Urval
- Mario Cervantes Contreras
- Miguel Ángel Hernández Morales
- Nicolás Delgado Arellano
- Oswaldo Arturo Vázquez Castillo
- Raúl Cisneros García
- Rubén Aldaín Marín
- Salvador Herrera Román
- Zulay Marino Rodríguez
- Juan Armando Hurtado Hernández y/o Iván Hurtado Hernández
Pese a que la FGR ya no puede impugnar la sentencia, la Ley de Amparo permite a los familiares de las víctimas promover un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, pero son pocas las posibilidades que tienen para echar abajo el fallo, debido a las limitaciones que se imponen sobre los temas que se pueden reclamar.
MILENIO buscó a Alejandro Rojas, abogado de José Luis Abarca, quien confirmó que el Tribunal puso punto final a la acusación que se hizo a su cliente por el secuestro y desaparición de los estudiantes.
“Nunca me habría gustado decirlo antes porque estaba pendiente la apelación, ya que se podía revocar o modificar la sentencia. Con lo que pasó el día de hoy, ya es definitivo. No se puede volver a procesar (al ex alcalde), ya causó ejecutoria y ahora sí, José Luis Abarca Velázquez queda completamente deslindado de haber tenido participación de la desaparición o muerte de los estudiantes.
“Ya no hay manera de revocar esta sentencia, el Tribunal Colegiado de Apelación es la última instancia para poder revocar o modificar esta sentencia”, declaró.
El litigante dejó claro que la causa penal 66/2015 es la única que tenía el ex alcalde relacionada con el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Alejandro Rojas explicó que todavía quedan algunas causas contra su cliente, por ejemplo, una en Toluca, Estado de México, derivado de sus negocios, donde la FGR lo señaló como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, está pendiente, que, se resuelva la apelación que interpuso por la condena de 92 años de prisión que recibió por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos, el perredista Arturo Hernández Cardona.
También falta por resolverse la apelación de la FGR contra la sentencia absolutoria que se dictó a favor de Abarca Velázquez porque el Ministerio Público Federal no pudo acreditar su relación con el grupo criminal de Guerreros Unidos, ni la existencia de dicha organización criminal.
De acuerdo con la investigación que inició la entonces PGR, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa ordenaron el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no “sabotearan” el informe de labores de la mujer.
Según la llamada verdad histórica impulsada por la PGR, Gildardo López Astudillo, El Gil, fue quien informó, a través de un mensaje celular, al jefe absoluto de la citada agrupación criminal, Sidronio Casarrubias Salgado, el conflicto que se había suscitado en Iguala el 26 de septiembre, con la llegada de normalistas a bordo de varios autobuses.
López Astudillo atribuyó los actos al grupo de Los Rojos, motivo por el cual Sidronio Casarrubias creyó que se trataba de gatilleros enemigos y aprobó las acciones para defender su territorio; eso propició que se llevaran a los normalistas al municipio de Cocula, donde fueron asesinados, según declaraciones de otros sicarios.
El 8 de diciembre de 2014, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer un mensaje de texto en el supuestamente El Gil avisó a Sidronio lo siguiente: “nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, refiriéndose al Río San Juan, en Cocula.
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