El abogado Juan Collado presentó un escrito donde se desiste del amparo que promovió contra la determinación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de incluirlo en la lista de personas bloqueadas, por la investigación que inició en su contra la Fiscalía General de la República.
Ante el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena Velázquez, Collado señaló en su escrito su deseo de no continuar con el litigio, por así convenir a sus intereses.
El juzgador comisionó a un actuario judicial para que acuda al reclusorio Norte, a fin de que ante su presencia Collado manifieste si es su deseo ratificar o no el contenido del escrito.
“Apercibido, de que en caso de no ratificar el escrito de cuenta, se tendrá por no presentado el libelo de referencia y se continuará con la tramitación del sumario hasta su conclusión”, advirtió Veredín Sena.
La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó ocho cuentas relacionadas con el abogado por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad, reconoció el titular de la UIF, Santiago Nieto.
El pasado 15 de julio, Juan Collado apeló el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El recurso fue presentado ante Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, juzgador que lo vinculó.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Collado ante la FGR el 7 de junio de este año, por haber recibido 24 millones por la venta de un terreno de su propiedad, el cual fue vendido en 2015, en 156 millones de pesos.
El empresario era socio de Libertad Servicios Financieros.
La defensa de Collado ha argumentado que no existe prueba de que su cliente haya sido miembro del consejo de administración de la empresa Libertad Sociedad Financiera cuando se dice que recibió un pago de 24 millones de pesos, por la venta que supuestamente realizó Operadora Inmuebles del Centro de un terreno en Querétaro, que hoy reclama el denunciante Bustamante Figueroa.
bgpa