El abogado Juan Collado interpuso un recurso de revisión contra la resolución de un Tribunal Unitario que rechazó otorgarle un amparo contra el proceso que se le sigue por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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El asunto será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, mismo que deberá resolver si confirma, modifica o revoca el fallo del magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal.
En diciembre pasado, Montalvo Martínez rechazó conceder la protección de la justicia al quejoso contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra.
El amparo fue promovido porque en agosto pasado, el magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, ratificó el auto de vinculación a proceso.
Collado apeló el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por parte de Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
El magistrado Paredes Calderón declaró infundados e inoperantes las jurisprudencias y criterios citados por el quejoso, porque no son aplicables para los fines pretendidos, es decir, para recuperar su libertad.
El magistrado también confirmó la prisión preventiva oficiosa que se decretó en contra de Collado.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Collado ante la Fiscalía General de la República el 7 de junio de 2019, por haber recibido 24 de 156 millones de pesos en 2015 producto de la venta de un terreno de su propiedad. El empresario era socio de Libertad Servicios Financieros.
En un mes, la Fiscalía General de la República integró una carpeta de investigación contra Juan Collado, usando una averiguación previa que estaba en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario que dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
Sergio Hugo Bustamante Figueroa compareció en cinco ocasiones ante el Ministerio Público por periodos de 72 horas cada uno, presentado como prueba una averiguación previa que integró la Fiscalía General de Justicia de Querétaro en 2017.
El 4 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una querella ante la FGR porque detectó operaciones atípicas en el sistema financiero por parte de Collado y cuatro personas más, lo que sirvió de base, junto con el testimonio del denunciante, para solicitar una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
kvd