Un Tribunal Federal otorgó un amparo al abogado Juan Collado Mocelo, sentencia que ordena dejar sin efecto la segunda acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Caja Libertad, subsistiendo solo el señalamiento de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos.
Asimismo, se ordenó a un juez de control para que, con libertad de jurisdicción, determine si otorga o no un plazo razonable al quejoso para que pueda allegarse de pruebas que ha solicitado a las autoridades hacendarias para presentar su defensa.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal avaló el proyecto del magistrado Horacio Armado Hernández Orozco, quien propuso conceder la protección de la justicia. La propuesta fue apoyada por sus homólogos Juan José Olvera López y Francisco Javier Sarabia Ascencio.
En la sesión, se expuso que la defensa de Juan Collado ha solicitado insistentemente la información a la autoridad hacendaria para determinar si la hace parte o no de su descubrimiento probatorio.
Mencionaron que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte solo debió haber decidido si autorizaba o no el plazo razonable solicitado, y si a su consideración ya no era propio continuar otorgándolo, debido a los múltiples plazos que ya habían sido concedidos a la defensa, o porque ya no eran actuaciones propias de ser recabadas en esa etapa intermedia.
Sin embargo, el juez determinó “sanear” el procedimiento y ordenó la reapertura de nueva cuenta de la fase de investigación complementaria con dos meses más, sin la oposición de la FGR ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Te recomendamos Juez ordena investigación contra MP por caso de abogado "protegido de Murillo Karam" Política
El magistrado Hernández Orozco mencionó que este asunto trae actos de imposible reparación para el quejoso, porque el juez tendría que haber determinado si procedía o no una prórroga y pedirle a la parte quejosa que descubriera sus pruebas o bien formulara la teoría del caso, que es a lo único que se refiere el plazo razonable.
Los efectos de la sentencia del Tribunal Colegiado podrían ser mayores una vez que se publique el engrose de la sentencia, debido a las diversas propuestas de los magistrados para resolver este asunto, quienes calificaron el caso como suigéneris e inédito.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Juan Collado en la FGR el 7 de junio de 2019, por haber recibido 24 millones, de 156 millones de pesos en 2015, producto de la venta de un terreno de su propiedad. El empresario era socio de Libertad Servicios Financieros.
En un mes, la FGR integró una carpeta de investigación contra Juan Collado, usando una averiguación previa que estaba en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario que dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
Sergio Hugo Bustamante Figueroa compareció en cinco ocasiones ante el Ministerio Público por periodos de 72 horas cada uno, presentado como prueba una averiguación previa que integró la Fiscalía General de Justicia de Querétaro en 2017.
El 4 de julio de 2019, la UIF de la Secretaría de Hacienda presentó una querella ante la FGR porque detectó operaciones atípicas en el sistema financiero por parte de Collado y cuatro personas más, lo que sirvió de base, junto con el testimonio del denunciante, para solicitar una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.