Un juez federal desechó un amparo promovido por el presunto líder de la banda de la Riviera Maya, Florian Tudor, quien impugnó una resolución emitida por un juez de control en el proceso que se le sigue por el presunto delito de violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa.
El imputado solicitó la protección de la justicia porque el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur desechó su petición para que se diera vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de los hechos en los que se estableció que el bien jurídico tutelado era el sistema financiero en el auto de vinculación a proceso que se le dictó.
Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, consideró que en este caso se actualiza una causa de improcedencia.
“La parte quejosa se duele de la referida determinación adoptada dentro de la audiencia intermedia de 10 de abril de 2024. En el caso, se advierte que el quejoso fue vinculado a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito (disponer en forma indebida recursos de las instituciones de crédito) y el diverso previsto en numeral 164 del Código Penal Federal siendo el de asociación delictuosa y que actualmente se encuentran en la etapa intermedia del proceso penal.
“En ese orden, si la determinación de 10 de abril de 2024, en la que desechó la solicitud para que se diera vista a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Banco de México a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los hechos en los que se estableció que el bien jurídico tutelado era el sistema financiero mexicano en el auto de vinculación a proceso, dicho acto no afecta los derechos de la parte quejosa de manera irreparable, ya que su solicitud versa sobre una cuestión intraprocesal en la etapa intermedia”, indica la resolución.
El juzgador explicó que la etapa intermedia es una fase del procedimiento penal en la que se admiten o excluyen medios de prueba y se depuran hechos controvertidos para facilitar su desahogo en la etapa de juicio.
Asimismo, señala que, si el juez de control resolvió desechar la petición del quejoso, entonces no se afectan los derechos sustantivos del imputado como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad.
Según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), Florian Tudor, así como dos presuntos integrantes de su organización criminal, supuestamente ordenaron realizar más de 5 mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en cinco entidades del país, operaciones que llegaban alcanzar hasta 14 mil pesos cada una, por lo que el monto sustraído podría sumar más de 70 millones de pesos.
Las acciones probablemente se llevaron a cabo en cajeros automáticos de la institución crediticia BBVA Bancomer que se localizan en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo.
Por este motivo, el Ministerio Público Federal los imputó por su probable responsabilidad en delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa.
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