M+.- Luis Benítez dictaba incluso foros sobre procesos judiciales. Como juez de distrito en México, ganaba anualmente más de 2.6 millones de pesos, pero la avaricia le ganó: decidió aceptar 2 millones de dólares, unos 40 millones de pesos, 15 veces más de lo que ganaba en un año, para liberar a un 'narco' canadiense. Ahora está a un paso de enfrentar a la justicia estadunidense.
Según la Plataforma Nacional de Transparencia, el hombre ganaba, en 2026, poco más de 126 mil pesos al mes, sin embargo, en su declaración patrimonial detalló que después de sueldos, honorarios, bonos, compensaciones y prestaciones ganaba al año dos millones 642 mil 288 pesos.
Los casos de alto impacto y la doble vida judicial
Dentro de su paso por los centros de justicia mexicanos, está el haber absuelto a Juan Carlos García Rivera, exempleado del corporativo KBH, el conglomerado que vendió Pegasus al gobierno mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para espiar a opositores y periodistas, como Carmen Aristegui.
El juez determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó suficientes pruebas para demostrar que García, el único imputado por el caso, se había involucrado directamente en el espionaje de la periodista al intervenir de forma ilegal sus aparatos de comunicación.
El juez también ordenó en 2023 que la FGR abriera una carpeta de investigación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin por el delito de falsedad de declaraciones, pues se presumía que había mentido en una serie de denuncias que realizó en 2020 contra funcionarios públicos a los que señalaba por actos de corrupción.
El hombre también participó como ponente en el Foro Judicial 2026 al dar una charla sobre cómo se incorporaban las pruebas durante el proceso de enjuiciamiento en contra de un acusado.
Según Washington para entonces, Benítez Alcántara ya tenía en sus bolsillos unos 40 millones de pesos provenientes del narcotráfico internacional. 40 millones sumados a los 2.6 millones de pesos que ganaba anualmente, con los que, entre otras cosas, pudo adquirir un penthouse de 2.3 millones de pesos, comprar seis autos, costear al menos cinco tarjetas de crédito y mantener un crédito hipotecario por 1.9 millones de pesos, según su declaración patrimonial.
La caída en Colombia y el soborno de 2 millones de dólares
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Benítez Alcántara fue arrestado el domingo 1 de noviembre por elementos de la Policía Nacional de Colombia, derivado de una denuncia y una petición de extradición por parte de los Estados Unidos que incluyó al mexicano en la lista de acusados por narcotráfico vinculados a la red criminal de Ryan Wedding, un traficante de cocaína que en un momento fue nombrado como el Chapo canadiense por el titular del Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos.
La fiscalía de los Estados Unidos asegura que el juez mexicano aceptó dos millones de dólares en sobornos para liberar a Andrew Clark, un socio de Wedding que fue arrestado a finales de 2024 en México para ser extraditado a los Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, aprobada por un gran jurado en la corte federal de Los Ángeles, California, Benítez enfrenta nueve cargos criminales por los cuales se prevé que Washington solicité en breve su extradición. Los cargos incluyen tráfico de cocaína y metanfetamina, crimen organizado y asesinato en relación con un crimen de drogas, y en caso de ser llevado a juicio y encontrado culpable, podría pasar el resto de su vida tras las rejas.
“(Luis) Benítez emitió órdenes que facilitaron directamente la liberación de Andrew Clark, de 36 años, un traficantes de drogas canadiense y segundo al mando de Ryan James Wedding, de 44 años, un exsnowboarder (esquiador) olímpico de Canadá que lideró una de las organizaciones criminales transnacionales mapas grandes, notorias y violentas”, explica la fiscalía estadunidense en su comunicado sobre el arresto de Benítez.
De acuerdo con el gobierno mexicano, Andrew Clark fue arrestado en un operativo de la Marina el 8 de octubre de 2024, en el centro comercial Andares, en Zapopan, Jalisco. Washington lo buscaba en extradición o arresto local para sentarlo ante un juez para responder por delitos relacionados con el tráfico de decenas de toneladas de cocaína colombiana por México y hacia los Estados Unidos, en colusión con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.
Poco después de su arresto, Clark compareció ante el juez Luis Benítez Alcántara para avanzar con su proceso de extradición, pues en noviembre de ese mismo año, el gobierno de los Estados Unidos solicitó formalmente su extradición.
Según información del gobierno estadunidense, Clark pagó unos 2.7 millones de dólares a varias personas para que intercedieran por él ante autoridades judiciales para evitar su extradición y obtener la libertad. Además, negoció pagar dos millones de dólares, cerca de 40 millones de pesos, al juez Benítez Alcántara para que se le otorgara la libertad.
Washington asegura que el pago se realizó y que el juez emitió una orden para que Clark fuera liberado, sin embaro, las autoridades mexicanas lo ecxtraditaron a los Estados Unidos días después, sin que pudiera ver la libertad.
“Cerca del 24 de febrero de 2025, el mismo día que recibió el pago completo de 2 millones de dólares en sobornos, el acusado Benítez, concedió una fianza a Clark y ordenó que fuera liberado”, señala la acusación federal contra Benítez.
El juez mexicano ahora se sumará a Clark, a Ryan Wedding, y a varios acusados más que se encuentran sometidos a proceso en uno de los casos criminales más complejos y de mayor perfil que tiene actualmente el gobierno estadunidense por tráfico de cocaína. Hasta el momento el gobierno colombiano no ha dado detalles sobre el avance del proceso de extradición de Benítez Alcántara.
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