Un juez federal ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si procede penalmente contra un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por incurrir en una “actitud contumaz” tras no acatar la suspensión provisional que le ordena devolver el control sobre la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a la familia Jenkins de Landa.
Tomás Zurita García, juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el estado de Puebla, indicó que desde julio del presente año se ha ordenado a Roberto Yáñez Quiroz, juez 24 Civil del TSJCDMX que cumpla con el mandamiento judicial.
“Ante la actitud contumaz de no dar cumplimiento a la medida cautelar concedida, dese vista al fiscal Ejecutivo Asistente adscrito, a fin de que, en uso de sus atribuciones legales, analice si se actualiza el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la ley de la materia, consistente en desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, y de ser así, actúe en los términos que para tal efecto prevén las leyes aplicables”, detalla el acuerdo publicado.
El juez Zurita García ordenó, por sexta ocasión, a Yáñez Quiroz que, en el plazo de 24 horas, a partir de que quede notificado, dé cumplimiento a la suspensión provisional.
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Mientras la FGR determina si debe proceder penalmente, el juzgador federal multó con 8 mil 900 pesos al juez local.
“…se advierte que ha transcurrido el término de 24 horas otorgado a la autoridad responsable juez 24 de lo Civil de la Ciudad de México, para que diera cumplimiento a la suspensión provisional concedida en proveído de 15 de julio de 2021, sin que al día de hoy lo haya hecho.
“En consecuencia, toda vez que consta en autos que el juez en comento ha sido omiso en dar cumplimiento a la medida cautelar de referencia, tal y como se indicó en proveído de 23 de septiembre del año en curso, originando con ello un retardo injustificado en la impartición de justicia, se hace efectivo el apercibimiento decretado…”, mencionó.
La Universidad de las Américas Puebla fue tomada el pasado 29 de junio por la Policía Estatal de Puebla, así como por personal de la Fiscalía General del estado, lo anterior presuntamente al existir una orden de desalojo aparentementea consecuencia de una disputa legal con la familia Jenkins por la marca y el logotipo de la universidad.
El abogado Guillermo Barradas señaló que la toma de instalaciones de la universidad por parte de la policía de Puebla correspondía a un “acto de recuperación” del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.
DMZ