Un juez federal rechazó vincular a proceso a siete personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario por parte de OHL-Aleática, la cual habría causado un daño a la Federación de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos.
La FGR advirtió que procederá legalmente contra el juzgado por fallar en contra del Estado Mexicano.
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Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito a Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó no vincular a proceso a: Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y ex director General de OHL, respectivamente.
Además de: Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, ex secretarios General de Gobierno y de Movilidad; a Jorge Joaquín González Bezares, director general de la Junta de Caminos, y Alberto Tomás Angulo Lara, director General en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Estado de México.
Asimismo, el juez ordenó sobreseer la causa penal por no existir elementos de que cometieron un delito. Al respecto, la FGR calificó de injusta la resolución del juez, de quien, dijo, llegó a un extremo verdaderamente inconcebible.
“Ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano; razón por la cual la Representación Social de la Federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite”, señaló la dependencia federal.
¿Qué dijo la FGR?
A través de una tarjeta informativa, la FGR señaló que nunca el gobierno del Estado de México obtuvo concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicación federal, propiedad de la nación.
“La concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula; cometiéndose el delito de explotación de un bien de la nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.
“Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5% de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5%; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la nación”, expuso.
Mencionó que, desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoySecretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes, Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente.
“Este no es un caso administrativo, ni civil; ya que está penado específicamente como delito, independientemente de toda la serie de actos y convenios fraudulentos que se han venido realizando para encubrir dicho delito”.
“El haber alegado, por parte del Estado de México, que una autorización para el mantenimiento de una vía federal, como se da en todos los estados de la República, lo faculte para otorgar una concesión federal a un particular, es una absoluta falsedad y es contraria a derecho; ya que la única autoridad facultada para otorgar una concesión de una vía general de comunicación es la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, enfatizó.
Asimismo, advirtió que iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, “frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la nación”.
RM