El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, es un “crimen de Estado”, aseveró Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Al anunciar que el gabinete de seguridad le ofreció apoyo para revisar los protocolos de seguridad de los juzgadores, el ministro puntualizó que Villegas Ortiz renunció a su escolta el año pasado.
Pese a que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le pidió que reconsiderara su decisión, el juez comentó que se sentía más a gusto sin protección, además de que no pesaban amenazas en su contra, añadió Zaldívar.
“Que no haya duda, que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones”, expresó.
Durante su participación en la videoconferencia “Los ministros hablan: el Poder Judicial frente a la pandemia”, que organizó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, indicó que desde el primer momento recibió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del gabinete de seguridad, particularmente del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para coadyuvar con las autoridades y “también para que revisemos lo protocolos” de los juzgadores federales”.
Arturo Zaldívar también hizo un reconocimiento al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por tomarse “muy en serio” el tema del asesinato del juez y su esposa, y porque acudió con su equipo para hacerse cargo del delito cometido en Colima.
“Él (Gertz Manero) reconoce la gravedad de un caso como estos y me ha ofrecido todo el apoyo, toda la seriedad y toda la acuciosidad para que se sepa la verdad y se sancione a los responsables. Le tengo confianza personal y profesional al doctor Gertz Manero, estoy seguro de que él entiende la gravedad de este hecho y estoy también cierto de que no se escatimarán esfuerzos en este sentido”, agregó.
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Asimismo, agradeció al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, quien se comunicó para ofrecerle todo el apoyo en la investigación, y reconoció el gesto de solidaridad de la Comisión Permanente del Congreso.
RECHAZÓ PROTECCIÓN
Funcionarios del Poder Judicial de la Federación revelaron que el juez Uriel Villegas contó con protección a partir de 2017, cuando comenzó a desempeñar el cargo en Jalisco.
Se le asignaron seis elementos de escolta, una camioneta blindada y “una prenda de protección personal”. Sin embargo, renunció a ésta en febrero de 2019 y su decisión la ratificó un mes después.
El ministro Arturo Zaldívar confirmó la información y manifestó que el pleno del CJF le envió un oficio para que reconsiderara su posición.
Puntualizó que contra el juez no existía alguna una amenaza y que una vez él les comentó que se sentía más a gusto sin protección porque no corría ningún riesgo, además de que se sentía más tranquilo.
Zaldívar mencionó que tener un esquema de seguridad trae beneficios, pero también genera incomodidad porque se invade la vida privada. “Era un juez serio y muy estudioso”, agregó.
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El presidente de la Corte descalificó las versiones que aseguran que el CJF le retiró la protección por un tema de austeridad. “En la protección de los juzgadores nunca ha habido austeridad”, enfatizó y agregó que hay una partida especial para proteger a los impartidores de justicia.
Los funcionarios del PJF consultados enfatizaron que la protección al juez le fue otorgada por los casos que desahogaba, particularmente de líderes del narcotráfico, y por la ola de violencia que impera en Jalisco, donde predomina la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Mientras, la Confederación Patronal de la República Mexicana, condenó el homicidio del juez Villegas Ortiz y de su esposa, al considerar que esto es un fiel reflejo de la imparable violencia en el país.
“El sector empresarial demanda a las autoridades competentes garantizar la seguridad de jueces federales y sus familias, además de que se deslinden las responsabilidades correspondientes por este atroz doble crimen”, aseveró el organismo.
Con información de: Eduardo de la Rosa.