Este 2023 no comenzará de la mejor manera para algunos servidores públicos del país. Algunos de ellos evadieron la ley durante algún tiempo y tras ser detenidos, ahora se mantienen en la mira de autoridades que los han acusado de cometer delitos en el tiempo en el que ocuparon algún cargo.
En MILENIO compartimos un recuento de los casos que han marcado la agenda en materia de justicia durante el año 2022, tiempo en el que muchos de los acusados enfrentaron diversas audiencias en las que un juez no falló a su favor. O bien, algunos los cuales aún son requeridos por alguna autoridad ministerial al contar con alguna orden de aprehensión en contra o por la probable comisión de algún delito.
Emilio Lozoya
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se ha librado de la justicia desde su detención el 2 de febrero de 2020 en Málaga, España, debido a una ficha roja librada en su contra; fue acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ambas órdenes derivan de la venta de la planta de Agronitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió 10 millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a la empresa brasileña con contratos.
El ex funcionario ha comparecido en diversas ocasiones ante un juez como parte de los procesos en su contra. De audiencia en audiencia, Lozoya Austin ha intentado demostrar su inocencia ofreciendo datos de pruebas, señalando la presunta participación de más ex funcionarios y hasta dinero como parte de un acuerdo reparatorio para abandonar su celda en el reclusorio Norte.
El ex director de Pemex desnudó las entrañas de un esquema de corrupción transexenal que permeó en la clase política y en donde fue instrumental el papel jugado por la maquinaria de corrupción del magnate brasileño Marcelo Odebrecht, quien literalmente habría llegado a tener bajo su influencia a legisladores e incluso a los presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, con miras a obtener recursos millonarios en México.
Relató que el 6 de febrero de 2013, por instrucciones de Peña Nieto, recibió a personal de Altos Hornos de México (AHMSA) en la sala de juntas “La Herradura”, en piso 44 de la Torre de Pemex. AHMSA buscaba una sociedad para la producción de fertilizantes nitrogenados.“Ellos tenían una planta llamada Agronitrogenados, la cual no estaba en operación”.
También salieron señalados personajes como Ricardo Anaya, acusado de recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos, y senadores del Partido Acción Nacional, a los que Lozoya denunció por haberse consolidado en una pandilla criminal que intentaba extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.
Aplazan audiencia de Emilio Lozoya
Quien también apareció en la narración, por vez primera, fue el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, señalado por Lozoya de prácticamente actuar como mafioso y cabildear a favor de diversos proyectos relacionados con Pemex.
Las audiencias intermedias donde la Fiscalía General de la República (FGR) podrá acusar de forma oral al ex director de Pemex, por los casos de la planta chatarra de Agronitrogenados y Odebrecht se aplazaron.
Miguel Ontiveros Alonso, abogado del ex funcionario, dijo que la postura de Emilio Lozoya es la misma que ha asumido desde antes de su llegada a México, la de colaborar con la Fiscalía General de la República en el marco de un criterio de oportunidad.
Hoy un juez federal otorgó un plazo de 30 días hábiles—que concluyen el próximo 16 de febrero—a Emilio Lozoya Austin, para la realización de la audiencia intermedia por el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados, debido al descubrimiento de nuevos medios de prueba a los que ha no ha tenido acceso, siendo esta la tercera ocasión en que la Fiscalía General de la República (FGR) no puede acusar al ex funcionario.
Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el reclusorio Norte, advirtió a la defensa que ésta será la última prórroga que tendrá su defendido.
Durante la audiencia, la representación legal de Pemex dijo que hasta el momento no se ha logrado un acuerdo reparatorio, aunque el abogado Miguel Ontiveros Alonso dijo que siguen negociando, con el compromiso de su cliente de cubrir totalmente el monto que fije el Consejo de Administración de Pemex.
Genaro García Luna
Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se ha mantenido en la mira del gobierno de Estados Unidos, país que busca sentenciarlo por presuntos nexos con el crimen organizado al supuestamente haber recibido sobornos para dejar operar a narcotraficantes, quienes introdujeron cocaína en ese país.
Fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. El ex funcionario es acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar ligado al cártel de Sinaloa, al que presuntamente brindó protección y del cual recibió millones de dólares del capo Joaquín El Chapo Guzmán, de 2006 a 2012.
De acuerdo con la acusación, el ex funcionario abusó de su cargo para permitir el tráfico de cocaína del cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
En la acusación se menciona que García Luna presuntamente colaboró con el narco desde 2001, cuando fungía como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Durante el juicio de El Chapo en Estados Unidos en noviembre de 2018, Jesús El Rey Zambada, ex aliado de Guzmán Loera, declaró que él pagó millones de dólares a Genaro García Luna.
"Personalmente entregué 3 millones de dólares a Genaro García Luna (en 2005) y en una segunda reunión (en 2006) alrededor de cinco millones de dólares", aseguró El Rey Zambada durante el juicio en la Corte Federal de Brooklyn.
Los procedimientos contra el ex funcionario mexicano se han retrasado debido a que la investigación ha sido determinada como un “caso complejo.”
Fiscales de EU y García Luna, listos para verse las caras en juicio
El 15 de diciembre pasado, en la sala del juez Brian Cogan en la Corte Federal de Brooklyn, el ex secretario de Seguridad Pública se presentó a escuchar la última audiencia previa al juicio en su contra.
Las autoridades estadunidenses tienen en sus manos cuatro piezas para dejar en jaque mate al ex secretario de Seguridad Pública. La Barbie, El Grande, El Rey y La Reina, son tres narcotraficantes que formaron parte del cártel de Sinaloa o de los Beltrán Leyva y uno de sus subordinados durante su gestión en el sexenio de Felipe Calderón, quienes fueron condenados por tráfico de drogas y llegaron a un acuerdo de negociación o culpabilidad bajo los cuales son elegibles para formar parte de la avanzada de testigos del gobierno estadunidense en el caso criminal contra García Luna.
El juez que lleva el caso contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna decidió que la fecha para comenzar el juicio en su contra se aplazará para el 17 de enero de 2023.
Esto debido a que el 9 de enero de 2023, cuando se tenía previsto que el también ex director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), será cuando los 400 potenciales del jurado llenarán los cuestionarios de selección.
Tomás Zerón
El 26 y 27 de septiembre de 2014, bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, en Iguala, Guerrero, un hecho sin precedentes se registró. De la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", desaparecieron 43 estudiantes, pero en la búsqueda para conocer cómo ocurrieron los hechos, Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue señalado de cometer ciertos actos indebidos.
Fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia. Hasta el momento no ha sido detenido.
El 27 de abril de 2021, un juez liberó una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio del presunto operador y sicario del grupo criminal Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ese momento, la FGR también obtuvo la orden por los delitos de desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos en contra del ex funcionario. La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), responsabilizó a Tomás Zerón de torturar al supuesto delincuente dentro de las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En la carpeta de investigación también se presumía que la tortura fue cometida en el interrogatorio de 2015, y durante el mismo, Felipe Rodríguez Salgado señaló que fue “amenazado de muerte” para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Giran ficha roja de Interpol contra Tomás Zerón
El 30 de junio de 2020, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que Tomás Zerón huyó del país, por lo que se giró una ficha roja de la Interpol para su localización.
Sin embargo, Tomás Zerón interpuso un trámite de amparo para echar abajo la orden de aprehensión librada en su contra en la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 14 de septiembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en su conferencia matutina que Tomás Zerón de Lucio se encontraba prófugo en Israel, por lo que se avisó al gobierno de ese país sobre la orden de captura que existe en contra del ex funcionario por el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el 22 de julio de este año, el Presidente dijo que el gobierno de Israel no había dado respuesta a la petición de extradición de Tomás Zerón.
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó el 14 de enero de 2021, que Tomás Zerón buscó asilo en Israel para evitar extradición por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El funcionario dijo que la solicitud de asilo es una estrategia jurídica, con el argumento de que hay persecución en su contra; sin embargo, aseguró que México saldrá adelante con la investigación del caso.
Jesús Murillo Karam
Jesús Murilo Karam, ex titular de la PGR, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) el 19 de agosto pasado en la Ciudad de México. El ex funcionario ha buscado llevar su proceso en libertad, pero a que su defensa ha asegurado que el estado de salud de su cliente es delicado, ninguna autoridad le ha otorgado el cambio de medida cautelar.
Elementos de la dependencia cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
La FGR dio a conocer en un comunicado que la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de Murillo Karam sin ningún problema, ya que colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo.
Tras la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" todavía no se sabe la verdad de lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014 en Iguala.Detenidos, confesiones falsas y torturas dieron paso a la creación de llamada "verdad histórica", sustentada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Murillo Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada (reclasificado con base en el Código Penal Federal), tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
El fallo del juzgador, Marco Antonio fuerte Tapi, se determinó tras una audiencia en el reclusorio Norte, donde permanece desde el 20 de agosto al ser detenido al exterior de su domicilio, ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, un día después de que el gobierno federal presentó el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Del hospital a la cárcel
El 28 de diciembre, Jesús Murillo Karam, fue trasladado de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio Norte, informó su abogado José Javier López García, quien advirtió que esta acción “pone en riesgo la salud y vida” de su cliente.
Indicó que Murillo Karam fue diagnosticado con covid, “lo cual lo deja en una posición aún más vulnerable su salud” por las enfermedades que padece como son enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. “Incluso el día de hoy, presentó una presión arterial de 190/100”, expresó.
El litigante mencionó que el pasado 6 de diciembre, impugnó la determinación del juez de control que, inexplicablemente por la evidencia médica que se presentó, negó el cambio de medida cautelar para que el ex procurador siguiera su proceso en su casa.
Recordó que, desde su ingreso al reclusorio Norte, Murillo Karam fue trasladado en ocho ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos.
En la última ocasión, registrada el 19 de octubre, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado al Hospital General de Xoco y al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, donde se le práctico de emergencia una cirugía edarterecotomia carotidea de alto riesgo; así como al Hospital Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan.
Mauricio Toledo
Aún no ha sido detenido. El 25 de enero de 2021, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que se investigaría al legislador Mauricio Toledo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, pero primero se buscaría el desafuero del entonces diputado del Partido del Trabajo.
En conferencia de prensa, la titular de la fiscalía capitalina señaló que desde el 2016 a Mauricio Toledo se le encontraron varias propiedades que "no van acorde al salario de un funcionario público", y que además no ha podido demostrar su procedencia.
Los señalamientos se deben cuando Mauricio Toledo fue jefe delegacional de Coyoacán (2012-2015), ya que se detectó un incremento “inexplicable” de su patrimonio, que no era acorde con sus ingresos. Específicamente por la compra de tres propiedades valuadas en 34 millones 560 mil 148 pesos, así como ingresos injustificables superiores a 11.4 millones de pesos.
El 11 de agosto de 2021 que se avaló un dictamen para desaforar al legislador del Partido del Trabajo, quien salió de México con destino a Chile desde el 26 de julio de ese año.
El 23 de agosto, Mauricio Toledo se presentó voluntariamente ante la Dirección de Asuntos Internaciones de la Corte Suprema de Chile para ponerse a disposición de la justicia.
Un día después, la fiscalía informó que un juez giró una orden de aprehensión contra el ex legislador, y debido a su estadía en Chile solicitó la emisión de la Ficha Roja, a través de Interpol México, que fue autorizada y publicada por la Secretaría General de la organización internacional.
Francisco García Cabeza de Vaca
El 23 de febrero de 2021, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para proceder en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Al día siguiente, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el procedimiento en contra del panista se realizaría con transparencia y no habría "venganza de ningún tipo".
García Cabeza de Vaca concluyó su mandato como gobernador de Tamaulipas el 30 de septiembre pasado, sin que asistiera a la ceremonia de toma de protesta de su predecesor, el morenista Américo Villarreal Anaya.
En marzo de 2021, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusó que la solicitud de desafuero en su contra contenía suposiciones y especulaciones y aseguró que no existía evidencia alguna de que la investigación proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos.
A través de su cuenta de Twitter, fijó postura sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra; descartó que la investigación sea por huachicoleo (robo de combustible) o narcotráfico, como se ha especulado, y detalló que se le acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
El 19 de mayo del 2021, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Funcionarios de primer nivel, quienes encabezan la indagatoria, confirmaron a MILENIO que se emitió la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por dos delitos adicionales a la defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero.
En octubre de 2022, Diego Ruiz Durán, abogado del ex gobernador de Tamaulipas, afirmó que estaban a la espera de conocer la supuesta orden de aprehensión que hay contra su cliente.
Indicó que ha mantenido comunicación con el ex mandatario y aunque se negó a decir si está en Estados Unidos, apuntó que está listo para enfrentar esta situación como ya lo hizo la vez anterior.
Amparo contra aprehensión
El defensor indicó que ni siquiera tienen la certeza de que exista una orden de aprehensión, pero la defensa legal se enfocó en combatir la noticia que se conoció por los medios de comunicación.
El ex gobernador de Tamaulipas obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión girada por la FGR; también hay una alerta migratoria emitida por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar la fuga o la sustracción de la justicia.
Un juez federal determinó que el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca puede ser detenido por el delito de delincuencia organizada que le imputa la FGR.
A pesar de la suspensión provisional que le fue concedida, de acuerdo con el fallo del juzgador federal, en el caso de delitos que sí ameritan prisión preventiva de oficio, como lo es delincuencia organizada, la FGR podrá cumplimentar la orden de aprehensión en contra del ex mandatario panista.