Los jueces y magistrados federales del país cerraron filas con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y señalaron que el presupuesto que requiere el Poder Judicial de la Federación (PJF) para el ejercicio fiscal de 2024 es indispensable para la independencia judicial y su desempeño adecuado.
A través de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, los juzgadores puntualizaron que, los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas establecen que “cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”.
“En tal virtud, respaldamos el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, presentado para su aprobación a la Cámara de Diputados, por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández”, detallaron.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó un aumento del 4 por ciento, respecto del presupuesto aprobado para el 2023, que fue de 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos, es decir, busca el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sería 84 mil 792.4 millones de pesos.
Del total, 6 mil 091.1 millones serían destinados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 74 mil 793.3 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3 mil 890 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La ministra Piña Hernández advirtió que tratar de asfixiar al Poder Judicial a través de un recorte presupuestal colocará a los más vulnerables en una condición de desventaja para acceder a sus derechos.
Indicó que las funciones que habrá de desempeñar el PJF el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular.
“Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”, declaró.
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