Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el amparo que promovió contra su extradición a México y la orden de aprehensión en su contra por un desvío de 112 millones del DIF de Veracruz.
En sus argumentos consideró que el mandamiento de arresto se libró con base en declaraciones obtenidas por medio de actos de tortura para incriminarla, pero que esto no fue tomado en cuenta por el Poder Judicial de la Federación.
Sus abogados interpusieron un recurso de reclamación contra la resolución del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal que no admitió las pruebas documentales que presentó sobre estos hechos.
El tribunal aceptó a trámite este recurso y ordenó turnar los autos a la SCJN para que resuelva si ejerce o no su facultad de atracción.
El 18 de febrero de 2019, el Primer Tribunal Colegiado resolvió no admitir la prueba documental que presentó Macías para intentar demostrar, según ella, que fueron torturados quienes la implicaron en el delito de fraude específico relacionado con el desvío de 112 millones de pesos del DIF veracruzano.
Los magistrados puntualizaron que “en los asuntos en revisión sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo y únicamente contempla la excepción prevista en cuanto a la valoración de pruebas en la revisión que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional”.
Explicaron que con las pruebas Karime Macías pretendía demostrar posibles actos de tortura en su contra y no contra un tercero.
El caso deriva del juicio de amparo que interpuso la ex esposa de Duarte el 28 de mayo de 2018 contra la citación, orden de comparecencia, orden de aprehensión y detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, el 22 de enero del 2019, Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, sobreseyó la demanda de garantías, porque cuando fue presentada no se había girado orden de detención provisional con fines de extradición.
bgpa