Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que admita diversas pruebas presentadas por la actriz Kate del Castillo, para que se le extienda una "constancia" de no ejercicio de la acción penal en su contra, para utilizarla como prueba y se le restituyan todos sus derechos en Estados Unidos.
En el sexenio pasado, la artista fue vinculada con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, lo que dio origen una investigación en su contra y provocó que le cancelaran diversos proyectos en el vecino país del norte donde se castiga a las personas que realicen negocios con personas vinculadas al crimen.
El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió la protección de la justicia federal a Kate del Castillo, sentencia que aún puede ser impugnada por la FGR.
La artista promovió un amparo contra el acuerdo de 31 de julio de 2019, emitido en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDICS/523/2015, donde se determinó no admitir las documentales.
Sin embargo, el juzgador le otorgó el amparo y, por ende, se obliga a la FGR a recibir las pruebas, entre ellas sentencias de amparo que ha ganado la actriz.
Dicha constancia, también podrá servir como prueba en el juicio que se desahoga en un juzgado administrativo, donde busca demandar por 60 millones de dólares al Estado Mexicano por responsabilidad patrimonial, debido a la “persecución política” emprendida en su contra y que le provocó un daño moral y material.
En diciembre pasado, el juez Octavio Mejía ya había otorgado un amparo a Kate del Castillo, donde ordenó a la FGR entregar una copia de la averiguación previa que se integró contra la artista.
La averiguación pretende ofrecerla como prueba en el juicio por responsabilidad patrimonial.
En ese juicio, Mejía Ojeda concluyó que la Representación Social de la Federación afectó el interés jurídico de la quejosa.
La copia del expediente le fue negada por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por medio del acuerdo del 11 de abril de 2019, dictado en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015.
El juez ordenó dejar sin efecto dicho acuerdo y demandó entregar la copia.
Después de tres años de autoexilio, Kate regresó a México el 20 de diciembre de 2018, procedente de Los Ángeles, California.
A su llegada, advirtió que demandaría a la entonces Procuraduría General de la República por 60 millones de dólares por la “persecución política” de que fue víctima.
bgpa