La Comisión para operar la Ley de Amnistía fue instalada este martes por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como parte del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Con la figura de la amnistía no pretendemos liberar delincuentes, sino constituir un mecanismo para brindar una segunda oportunidad a aquellos que, por necesidad o por temor, han sido obligados a cometer actos ilícitos”, señaló el secretario Alfonso Durazo.
En este acto, que se llevó a cabo mediante una videoconferencia se establecieron las bases para aplicar la legislación y contó con la participación de José Ángel Ávila Pérez, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Paulina Telléz Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación; y Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
Durazo Montaño resaltó que un ejemplo, para recibir los beneficios de esta ley, son los indígenas que han sido privados de una adecuada defensa, los presos políticos o de conciencia, así como jóvenes relacionados con delitos contra la salud, particularmente en su condición de consumidores.
“Arrastramos todavía las consecuencias de un sistema de justicia penal con vicios y carencias, así como instituciones de seguridad insuficientes y corrompidas; ello desembocó, en personas privada de la libertad, que más que delincuentes, han sido víctimas de severos y atropellos violaciones a sus derechos”, dijo el titular de la SSPC.
Añadió que la Ley de Amnistía es un compromiso presidencial que servirá también para reforzar los trabajos que realiza el Gobierno de México en los centros penitenciarios y aminorar los estragos de la Emergencia Sanitaria provocada por el covid-19.
“Tanto a nivel federal como estatal, hemos hecho frente a este desafío y no hemos tenido brotes de grandes dimensiones, pero gracias a esta figura podremos contribuir a la reducción de la población penitenciaria y con ello también logramos reducir riesgos de transmisión de covid-19”, aseveró.
bgpa