La reforma que faculta al presidente de la República para otorgar de forma directa amnistías a personas sentenciadas o bajo proceso penal, siempre y cuando aporten información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano, podría beneficiar a presuntos delincuentes en el caso Ayotzinapa o la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Uno de los actuales testigos protegidos que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR), es Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, que habría perpetrado la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos.
Actualmente con el nombre clave ‘Juan’, López Astudillo aportó información que derivó en detenciones de militares y ex funcionarios de la pasada administración federal.
El miércoles pasado, durante la discusión de la reforma al artículo 9 a la Ley de Amnistía, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que se busca llegar a la verdad en casos como Ayotzinapa, Tlatlaya y la matanza de San Fernando, Tamaulipas.
En el sexenio pasado se documentó que El Gil era jefe de sicarios de Guerreros Unidos (GU) y ordenó levantar y asesinar a los estudiantes, pero varias de sus causas penales se vinieron abajo porque se documentó tortura.
Otro testigo colaborador en el caso Ayotzinapa es Abigael González Valencia, El Cuini, cuñado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes.
González Valencia aportó “testimonios con alto valor” para esclarecer sucesos y apoyó a la búsqueda de los estudiantes, según declaraciones de Alejandro Encinas Rodríguez cuando era subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Otros testigos colaboradores que ha utilizado en su investigación la FGR tienen los nombres claves de Neto, Azul, El Terco, Moisés, Damián, William y Aldeano, por citar algunos.
Neto, por ejemplo, dijo el 22 de febrero de 2021 que trabajó directamente con Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los probables involucrados en el secuestro y desaparición de los estudiantes, pero aclaró que no tuvo acceso a reuniones ni conoció a muchas personas porque estaba en un nivel muy bajo.
También está ‘Karla’, de quien hoy se sabe es un hombre que fue “halcón” del grupo criminal y que ha señalado que soldados tenían un acuerdo con Guerreros Unidos.
Los testimonios de estas personas han derivado en que se haya procedido penalmente contra el General José Rodríguez Pérez, por el probable delito de delincuencia organizada, así como al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota Esquivel por delincuencia organizada y desaparición forzada, entre otros.
En el caso de San Fernando, donde en 2011 se hallaron 193 cuerpos en fosas clandestinas, se encuentran sentenciados 18 integrantes de Los Zetas.
Ellos, si aportaran nueva información relevante para conocer más de lo sucedido, podrían recibir la amnistía presidencial.
En cuanto a Tlatlaya, actualmente no hay personas detenidas. En marzo de 2016, el juzgado Sexto Militar absolvió a seis de siete militares del delito de infracciones de deberes militares. Solo uno fue sentenciado a un año de prisión por desobediencia, pena que ya había compurgado por el tiempo que pasó en la prisión militar.
La PGR no logró llevar a juicio a ningún presunto responsable, pese a existir señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
rarr