Con el voto en contra de la oposición, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De acuerdo con la propuesta presentada el pasado 21 de julio por el morenista Rubén Cayetano, durante la Comisión Permanente, se reglamenta el procedimiento del juicio político, y se señala que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra una persona servidora pública.
La Cámara de Diputados sustanciaría el procedimiento respectivo y actuaría como órgano instructor y de acusación, y el Senado como Jurado de Sentencia.
Además, se define el procedimiento para la Declaración de Procedencia, donde destaca que la Cámara de Diputados actuará como Jurado.
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Adicionalmente, plantea que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano y ciudadana.
En reunión extraordinaria, en modalidad semipresencial, el presidente de la comisión, el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabe, señaló que uno de los más importantes reclamos que hace la sociedad, es la solidificación del combate a la corrupción y el castigo o sanción para todos aquellos servidores públicos que violan las leyes y hacen mal uso de los recursos.
Durante la discusión, Martha Tagle de Movimiento Ciudadano lamentó que la Cámara de Diputados “trabaje a contentillo de lo que el Presidente dicte en La Mañanera. El Poder Legislativo es autónomo”.
En su intervención dijo que la ley no se ha podido revisar a fondo ni se conocen sus alcances, “no podemos seguir legislando sobre las rodillas; la ley debe responder a la ciudadanía; lo que se legisla hoy, es cómo se hace largo el procedimiento para quitar el fuero. No es cierto que se haya acabado con el fuero”.
El diputado del PAN Jorge Arturo Espadas Galván señaló que es un tema trascendente para México, “pero es un dictamen que se conoció hace pocas horas y sí requiere un estudio a mayor profundidad, ya que tiene que ver con la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas”. Además, negó que no se quiera cumplir con la labor legislativa y propuso discutir artículo por artículo.
También el priista Cruz Juvenal Roa Sánchez pidió postergar la discusión del dictamen, pues apenas empezó a circular el jueves.
“No tengo duda que viene a beneficiar mucho a las y los mexicanos. Es un tema complejo que requiere de mayor estudio y análisis. Me hubiera gustado haber programado parlamentos abiertos y escuchar a los especialistas en la materia, para alinear mejor la ley; se invaden competencias de tipo federal”, agregó.
Su compañera de curul, María Lucero Saldaña, precisó que el tema es político, “ya que si se presentó apenas como iniciativa en la Comisión Permanente hace dos semanas, no son convincentes los argumentos a favor. Se ve, se huele y se oye a bola rápida y tiene que ver con este tinte político. Dejémosle a la siguiente legislatura este análisis. Es importante que respetemos las formas. Estamos en contra de continuar con la votación”.
María Guillermina Alvarado Moreno, diputada de Morena, expuso que la LXIV Legislatura termina el 31 de agosto y cualquier tema se debe atender y agregó que el acuerdo común es que no haya impunidad, que haya transparencia y legitimidad; “por ello, se requiere la ley para darle certeza y materializar las reformas constitucionales en la materia y en congruencia con el combate a la impunidad y a la corrupción”.
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El diputado Pérez Bernabe mencionó que la Constitución actual ha sido modificada en años recientes en los artículos que integran el Título Cuarto que trata de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, las faltas administrativas graves, hechos de corrupción y actos en perjuicio del patrimonio del Estado.
En la actualidad, dijo, está vigente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y al no producirse una actualización se encuentra desarmonizada para dar una eficiente respuesta a las necesidades del México actual; tiene una estructura interna agotada y está en disonancia con la ley suprema del país, los derechos humanos y el resto del sistema de procuración de justicia; mantiene un camino estrecho, corto, confuso y de difícil transitar, “que desafortunadamente no siempre concluye en el ejercicio de la acción de la justicia”.
La nueva ley, afirmó, es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República. Es respetuosa de los derechos humanos y de los artículos constitucionales; es una norma que respeta y procura los principios de transparencia, debido proceso, legitimidad, certeza y seguridad jurídica, celeridad y continuidad procesal.
DMZ