El tiempo y el dinero se han consolidado en México con el paso de los años como la moneda de cambio que pagan miles de víctimas por algo que el mismo Estado debería garantizar: justicia.
Pese a que el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la Ley General de Víctimas con el objetivo de reconocer y garantizar los derechos de las personas afectadas por delitos o violaciones a sus derechos humanos, a más de una década de su entrada en vigor el panorama permanece incierto y débil ante una sociedad azotada por la violencia.
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Día tras día es común ver en los noticieros y primeras planas de los diarios historias que tienen como protagonistas la impunidad que permea en el sistema, cuyas instituciones y funcionarios aún tienen un largo camino por recorrer para garantizar a las miles de víctimas sus derechos de asistencia, protección, atención, verdad y reparación integral del daño.
No obstante, la lucha por esos derechos no se encuentra solo desde el ámbito institucional, pues ante una realidad abrumante, parte de la misma sociedad ha decidido ignorar aquellos casos por los cuáles únicamente han abogado activistas y colectivos.
Los avances en favor de las víctimas
En entrevista con MILENIO, la Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO), Nora Robledo Frías, declaró que la creación de una Ley General de Víctimas -hace poco más de una década- supuso un gran avance para garantizar el acceso a justicia a las personas afectadas por delitos.
Entre muchos aspectos, la legislación contempló la creación de un sistema de registro de víctimas, así como de una comisión nacional, dos importantes herramientas para hacerle frente a la impunidad que durante años ha permeado el sistema.
Si bien las indemnizaciones económicas figuraban en el pasado como una de las pocas formas de atención a las víctimas, la ley puso en el mapa otros tipos de reparación del daño.
"Son medidas de restitución, de satisfacción o rehabilitación que tienen que ver con otras muchas cosas que simplemente la indemnización por una violación a derechos humanos. Es pensar ¿Cómo voy a resarcir realmente a esta víctima o a este familiar de la víctima? Si le voy a otorgar atención médica, psicológica, si necesita a lo mejor que nos hagamos cargo de su educación, etc", explicó la Mtra. Nora Robledo Frías.
La debilidad institucional como obstáculo para acceder a la justicia
En un escenario utópico, la Ley General de Víctimas figura como una solución completa a la problemática que durante décadas ha aquejado a la sociedad mexicana, no obstante, en la práctica está lejos de lograr su objetivo principal.
Tras una serie de reflexiones llevadas en un foro del sistema universitario jesuita, la maestra Nora Robledo Frías apuntó que todavía hay mucho por hacer en el sistema de víctimas pues, aunque en un inicio se creó como un conjunto de autoridades que se reunirían para coordinar esfuerzos, en diez años no han sostenido ni un solo encuentro.
"Habla de la falta de interés, de voluntad política, la falta de tiempo, ganas, qué sé yo. Pero pues este sistema no se ha reunido y si no se reúnen no se puede coordinar y si no se coordina pues ya te imaginarás", compartió la académica de la IBERO en entrevista con MILENIO.
Otro factor importante que ha influido para poner en práctica correctamente la Ley General de Víctimas a lo largo de la década es que existe un rezago muy grande para instrumentarla, es decir, datos recabados en comisiones locales no son homologados con registros nacionales.
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"Van muy rezagados los registros de víctimas, no están armonizados y el problema es que las personas que no están en el registro nacional no pueden acceder a las medidas de reparación del daño que ofrece esta ley y entonces esto supone un problema gravísimo", señaló la Mtra. Nora Robledo Frías, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos.
La falta de cooperación entre comisiones figura directamente como un obstáculo para resarcir a las víctimas pues, aunque existen mecanismos para su debida atención, activarlos toma incluso años, como sucedió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cuyos familiares tardaron cuatro años en formar parte del registro.
"Imaginemos entonces qué pasa con las víctimas que nadie conoce, que no son mediáticas, que nadie nombra. Pues obviamente ha sido una odisea para estas personas poderse registrar y acceder a los beneficios de esta ley", reflexionó la académica de la IBERO.
Además de la falta de voluntad política, la debilidad institucional supone otro gran obstáculo para poner en marcha la Ley General de Víctimas. Y es que, de acuerdo con las declaraciones de la académica de la IBERO, el personal asignado a atender los casos no se da abasto.
Al suponer que en cada punto se encuentran tres asesores, en teoría cada uno tendría que atender entre 24 y 28 mil casos, un panorama humanamente imposible.
Fortalecer a las instituciones supone un reto casi imposible ante el hermetismo con el que se conducen, no obstante, son activistas y colectivos los que se han dado a la tarea de vigilar de forma constante e insistente los procesos en curso.
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La Mtra. Nora Robledo Frías explicó que algunas veces las fiscalías suelen otorgar a comisiones de búsqueda información completamente diferente a la que obtienen por sus propios medios organizaciones de la sociedad civil.
"Pareciera que hay un celo, unas ganas de proteger la información, de no cooperar ni coordinarse", sentenció la Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la IBERO.
Revictimización: el enemigo en común
Si existe una problemática que se da desde el ámbito institucional y en la misma sociedad en el arduo camino para acceder a la justicia ese es la revictimización.
De acuerdo con la organización civil Save The Children, la victimización primaria es una consecuencia derivada de un delito, en tanto que, la revictimización o la victimización secundaria es la respuesta que da el sistema a una víctima, la cual en muchas ocasiones implica que la persona reviva una situación traumática y vuelva a asumir su papel de afectado.
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La Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la IBERO apuntó a que todo el proceso que enfrentan las personas vulneradas para formar parte del Registro Nacional de Víctimas es revictimizante por sí mismo. Además de que tanto instituciones como la misma sociedad constantemente pone en duda la veracidad de sus declaraciones.
"Siempre se le cuestiona a la víctima, si es mujer se le va a cuestionar muchísimo más [...] estos comentarios súper estigmatizantes los hacemos porque aceptar la realidad es demasiado incómodo, demasiado doloroso", puntualizó la académica de la IBERO.
Ante una sociedad que cuestiona a las víctimas en lugar de apoyarla, la solución más viable es comenzar a sensibilizar a la ciudadanía ante problemas que, aunque parecen lejanos, podrían sucederle a cualquier persona.
Dicho factor también es aplicable en las instituciones y funcionarios que atienden a las víctimas, quienes deben tener claro que no están tratando con simples números en un registro sino con seres humanos que tienen una historia detrás.
Mantener una participación activa tanto en las instituciones como en los procesos de atención a víctimas es una tarea constante que se da desde todos los ámbitos. Incomodar, cuestionar y exigir al Estado mecanismos eficientes figuran una pieza fundamental para que, poco a poco, la sociedad sea encaminada hacia un país en donde acceder a la justicia deje de ser un privilegio.
ATJ