Andrea Lezama Bonilla, reconocida por ser la primera mujer en lograr la vinculación a proceso de un agresor por el delito de violencia vicaria en Puebla, denunció que la jueza de control del Poder Judicial del Estado de Puebla, Alejandra Román Pérez, modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario en favor de Ricardo 'N'., su expareja y presunto agresor.
En rueda de prensa en Casa de Justicia ubicada en la 11 Sur, abundó que la resolución, emitida durante la audiencia de revisión de medidas cautelares el pasado 29 de octubre, pone en riesgo la vida y seguridad de Andrea y de su hijo.
Fue en 2016, cuando Ricardo 'N' sustrajo al menor, de entonces un año y 10 meses, quien lo mantuvo en Baja California y pasaron más de cinco años para que madre e hijo lograran reencontrarse.
De acuerdo con la denuncia de Lezama durante la audiencia, la jueza Román Pérez incurrió en una grave contradicción: primero determinó que las víctimas no se encontraban en riesgo y, con ese argumento, ordenó el cese de la prisión preventiva justificada; sin embargo, minutos después reconoció que sí existía peligro, cuando la medida ya había sido modificada.
Además, la jueza argumentó que el imputado no podía costear una pulsera electrónica, por lo que determinó que elementos policiales realizarían vigilancia permanente las 24 horas del día.
Ricardo 'N'., residirá ahora con sus padres, mismos que aseguraron desconocer su paradero durante los seis años en que mantuvo sustraído al menor, lo que para las víctimas representa un nuevo riesgo.
“Esta decisión judicial representa un retroceso profundo en materia de derechos humanos, género e infancias”, expresó la colectiva, quienes recordaron que Andrea y su hijo fueron separados durante seis años y que el imputado fue detenido solo tras una orden de aprehensión
Ante la resolución, las colectivas exigieron: La implementación inmediata de medidas efectivas de protección para Andrea Lezama y su hijo, la investigación de la actuación de la jueza Alejandra Román Pérez y de la Ministerio Público, Maricela Domínguez Hernández, por presuntas omisiones y falta de perspectiva de género e infancias.
El cumplimiento del deber del Estado de garantizar justicia y seguridad para las víctimas de violencia vicaria.
Hay que mencionar que la violencia vicaria —reconocida en Puebla como delito desde 2022— implica dañar a los hijos o utilizarlos como medio para violentar a la madre. El caso de Andrea Lezama fue emblemático por haber marcado la primera vinculación a proceso en América Latina por este tipo de violencia.
AAC