Osiel Cárdenas Guillén tiene los días contados para abandonar la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra recluido en Estados Unidos desde su extradición en 2007. Según registros de la Oficina Federal de Prisiones, el otrora líder del Cártel del Golfo recuperará su libertad el 30 de agosto de 2024.
Pese a que en México su defensa se encuentra promoviendo amparos para que su representado no sea aprehendido en cuanto ponga un pie en su país natal, la posibilidad de que el también llamado Mata Amigos vuelva a las calles ha encendido las alertas de las autoridades.
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Y es que, con un perfil despiadado y ágil para los negocios sucios, Osiel Cárdenas Guillén fue el encargado de fundar un grupo paramilitar de sicarios que desataron una ola de violencia nunca antes vista en México: Los Zetas.
A través del miedo, aquel brazo armado logró expandir su poderío por todo el noreste y el centro del país azteca hasta que su fundador fue aprehendido y posteriormente declarado culpable por cargos relacionados al tráfico de drogas, lavado de dinero y agresiones en contra de agentes federales en Estados Unidos.
Con Osiel Cárdenas Guillén fuera del juego, Los Zetas lograron su independencia del Cártel del Golfo y se dieron a la tarea de continuar construyendo su imperio criminal con nuevos liderazgos pero con las mismas mañas aprendidas de su fundador.
La misión secreta en México
Luego de que Enrique Camarena Salazar, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fuera secuestrado y asesinado por presuntos integrantes del Cártel de Guadalajara a mediados de los años ochenta, la agencias de seguridad estadounidenses se convirtieron en un dolor de cabeza para todas aquellas organizaciones delictivas que se dedican al tráfico internacional de drogas.
Si bien la historia de Kiki ha ganado protagonismo en múltiples series de televisión, películas y libros de investigación, el agente antinarcóticos no fue el único funcionario estadounidense que fue brutalmente asesinado por el crimen organizado en México.
Alrededor de 25 años después de la muerte de Camarena Salazar, la Embajada de Estados Unidos solicitó a Washington equipo táctico especial para cumplimentar una misión de alto perfil que sus agentes se encontraban realizando en México.
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Tal y como lo reportó el periodista Adyr Corral para MILENIO en 2020, la diligencia encabezada por la cancillería estadounidense permaneció en hermetismo y, aunque no se detalló de qué tipo de operativo se trataba, se subrayó que se requería con urgencia el traslado del equipo a la capital mexicana.
Las órdenes comenzaron a emitirse en noviembre de 2010 cuando México se encontraba sumergido en un interminable espiral de violencia desatado con la llamada Guerra contra el Narco que el ex presidente Felipe Calderón impulsó como estrategia de seguridad durante su sexenio.
Pese a que el territorio mexicano era un campo de combate bélico, a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se les asignó la tarea de transportar vía terrestre el equipo táctico especial solicitado. Aquella encomienda marcó para siempre su destino.
La emboscada a los agentes de ICE
La operación aparentemente parecía sencilla. Jaime Zapata y Víctor Ávila se reunirían con otros colegas de ICE que transportarán el paquete requerido desde Texas hasta un punto medio de México.
A partir de la entrega del equipo táctico, ambos agentes serían los encargados de trasladarlos hasta el sur de la capital mexicana en una camioneta blindada modelo Chevrolet Suburban que, además, contaba con placas diplomáticas.
La entrega se efectuó el 15 de febrero de 2011. Jaime Zapata y Víctor Ávila emprendieron su camino rumbo a la Ciudad de México hasta que el ensordecedor sonido de detonaciones de arma de fuego frustraron su camino en la milla 156 de la carretera federal 57 en San Luis Potosí.
"Durante la emboscada, los miembros del cartel dispararon hacia el vehículo de los agentes con pistolas y armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15", señala en una publicación sobre el caso el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense.
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Fueron alrededor de 90 casquillos los que dejaron gravemente herido a Víctor Ávila y provocaron la muerte de Jaime Zapata, un hecho que desató una serie de investigaciones que apuntaron como responsables de la emboscada a una peligrosa organización delictiva de México pero también a sus superiores de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Las investigaciones
En abril de 2011, dos meses después del ataque, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones dólares por información que condujera al arresto o condena de los individuos responsables del asesinato del agente especial Jaime Zapata y el intento de homicidio de Víctor Ávila
Poco a poco, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés) coordinó pesquisas con autoridades mexicanas que culminaron con la detención de seis hombres relacionados con el caso que pertenecían al grupo delictivo de Los Zetas.
De las personas detenidas, José Emanuel García Sota, apodado Zafado de 36 años de edad y originario de San Luis Potosí, así como Jesús Iván Quezada Piña, alias Loco, de Matamoros, fueron sentenciados a cadena perpetua en noviembre de 2017.
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La fiscal federal Jessie K. Liu del Distrito de Columbia detalló que el móvil del ataque fue un intento de robo de vehículo a mano armada por miembros de la organización delictiva que, al encontrarse en pugna con cárteles rivales y las Fuerzas Armadas de México, buscaban recuperar recursos que les permitieran continuar perpetrando sus actividades delictivas.
Los autores materiales del ataque fueron aprehendidos y procesados por la emboscada que cobró la vida del agente especial de ICE, no obstante, las más de 40 entrevistas realizadas para esclarecer el caso destaparon también negligencias e irregularidades que hicieron de aquella misión un trágico episodio.
Documento de la Oficina del Consejo Especial (OSC, por sus siglas en inglés) exponen que, previo a que los agentes especiales de ICE emprendieran su travesía, diversas fuentes advirtieron a sus superiores sobre el peligro que corrían.
Desde el control que Los Zetas ejercían en el territorio que debían cruzar hasta el uso de una valija diplomática formaron parte de las advertencias que funcionarios de ICE decidieron ignorar. Del mismo modo, omitieron dar aviso a las autoridades mexicanas sobre el operativo, lo que impidió que se les proporcionara verdadera seguridad a los agentes especiales enviados.
"Las decisiones gerenciales en la Oficina del HSI Ciudad de México permitieron que ocurriera una secuencia de eventos que los colocó en una situación para la que no estaban preparados para manejar. Se ordenó a los agentes que viajaran en un vehículo a una zona conocida por tener elevados problemas de seguridad sin planes de contingencia establecidos. Los agentes viajaban en un vehículo blindado HSI con equipo de seguimiento que no funcionaba correctamente, en el que no se había desactivado el desbloqueo automático de puertas y que no estaba equipado con neumáticos antipinchazos. No recibieron capacitación adicional antes de ser enviados" describe el documento No. DI-19-0071 de la OSC.
¿Armas de dudosa procedencia?
Otra de las aristas del caso que destacó fueron las armas con las que integrantes de Los Zetas cometieron el ataque en contra de los agentes especiales de ICE.
Y es que, en primera instancia, se especuló que los artefactos que le arrebataron la vida a Jaime Zapata eran los mismos que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) introdujo a México en el marco de la operación conocida como Rápido y Furioso.
La ATF negó rotundamente que se trataran de las mismas armas, sin embargo, tomó responsabilidad en el caso por no investigar a los responsables de traficar los rifles desde Texas.
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Los encargados de traficar dos de las armas utilizadas en el ataque a México fueron identificados como Otilio Osorio y Robert Riendfliesh, quienes ya habían entrado al radar de la DEA, el FBI y la AFT por su largo historial delictivo relacionado al tráfico de drogas y armamento.
"Determinamos que a principios de octubre de 2010, antes de que Osorio comprara un arma de fuego que finalmente se utilizó en el ataque a los agentes Ávila y Zapata, la ATF tenía suficientes hechos para justificar el interrogatorio o la adopción de otras medidas de investigación sobre sus compras de armas de fuego. Nuestra revisión también encontró que aproximadamente un mes después de la compra del arma de fuego de Osorio, se registró que los hermanos Osorio transfirieron 40 armas de fuego, 37 de las cuales tenían números de serie borrados", se lee en un informe especial de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia emitido en 2017.
La brutalidad con la que Los Zetas solían operar sumado a la serie de irregularidades cometidas por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional dejaron para la historia un episodio que, aunque no fue tan mediático como el de Kiki Camarena, también involucró a dos funcionarios de una de las agencias de mayor renombre en Estados Unidos.
ATJ