Si Lozoya va a juicio y pierde, FGR exigirá más de 20 mdd

Este monto implica más del doble que hoy ofrece cubrir el ex director de Pemex para suspender procesos por Agronitrogenados y Odebrecht.

(Especia)
José Antonio Belmont
Ciudad de Mèxico /

De no llegar a un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e ir a juicio por los casos de corrupción de Agronitrogenados y Odebrecht, Emilio Lozoya Austin puede llegar a pagar hasta el doble de dinero que ahora ofrece como reparación del daño, a cambio de que se suspendan estos dos procesos penales en su contra y de su familia, pero, sobre todo, para que pueda ser liberado del Reclusorio Norte.

Desde el año pasado, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) aceptó pagar los más de 10 millones 700 mil dólares que estipularon las autoridades como reparación del daño y que corresponden a 7 millones 385 mil dólares por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht; mientras que los restantes 3 millones 400 mil dólares son por la compra venta de la planta de chatarra de Agronitrogenados.

Sin embargo, López Obrador consideró insuficiente dicho monto, por lo que se echó para atrás este preacuerdo que se tenía entre la familia Lozoya Austin y autoridades federales, el cual incluía el pago en plazos, caso similar a lo que ocurrió con Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México.

Desde entonces, la defensa de Lozoya y el gobierno de López Obrador no han podido llegar a un nuevo acuerdo y el límite para hacerlo será el próximo 10 de marzo.

En caso contrario, ese día la Fiscalía General de la República (FGR) podrá acusar oralmente, después de un año, al ex director de Pemex por el caso Odebrecht y enseguida comenzará el juicio.

Antes, el 16 de febrero, la defensa de Lozoya tiene un ultimátum por la acusación de Agronitrogenados; sin embargo, el caso de Odebrecht es el que lo mantiene preso en el Reclusorio Norte, cuyo monto de reparación del daño es del doble y por el que no se ha podido llegar a un acuerdo.

En caso de llegar a este par de juicios, los cuales Lozoya y su defensa han tratado de evitar a toda costa, la FGR ha pedido al juez sanciones y penas cuyos montos sumados pueden dejar al Estado mexicano incluso el doble de los más de 10 millones de dólares que hoy ofrece cubrir el ex director de Pemex no sólo por su libertad, previa suspensión de los dos procesos en su contra, sino también para que se eliminen las acusaciones contra su madre, Gilda Margarita Austin, su hermana, Gilda Susana Lozoya, y su esposa, Marielle Helene Eckes.

Los montos

Tan solo en el caso Odebrecht, el Ministerio Público de la Federación pidió en su acusación por escrito que, tanto a Lozoya como a su madre, se imponga como sanción por concepto de reparación del daño un pago de 6 millones 385 mil dólares, de los cuales un millón 385 mil son por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los 5 millones restantes por el de cohecho.

La FGR también le pide al juez que al funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto se le imponga un total de siete mil 950 días multa: 300 por el delito de asociación delictuosa, 150 más por el de cohecho y siete mil 500 por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su argumentación, explica que esta multa tiene que ser acorde a las percepciones que obtenía Lozoya como director general de Pemex, para lo cual se tomó en cuenta su declaración de conclusión patrimonial presentada el 5 de abril de 2016 ante la Secretaría de la Función Pública.

De esta, se detalla que en 2015 Lozoya percibió un total de 4 millones 5 mil 933 pesos, por lo que, de acuerdo a las cuentas de la FGR, el ex funcionario ganaba a diario 10 mil 975 pesos y 75 centavos, los cuales, multiplicados por los 7 mil 950 días multa, dan como monto final 87 millones 252 mil 442 pesos y 50 centavos, es decir, poco más de 4 millones 500 mil dólares.

Pero las peticiones de la FGR no terminan ahí, también solicitó al juez el decomiso de la residencia ubicada en el condominio Quinta Mar del Desarrollo Turístico en Ixtapa-Zihuatanejo, en Guerrero, la cual el ex director de Pemex obtuvo, según la acusación, como consecuencia de los sobornos recibidos por Odebrecht.

Dicha mansión, de más de tres mil 578 metros cuadrados de superficie, Lozoya la obtuvo a través de su esposa Marielle Helene Eckes el 31 de julio de 2013 por un precio de un millón 900 mil dólares.

A todos estos recursos hay que agregar que la FGR también solicita un total de cuatro mil 50 días de multa para la madre de Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin: 300 por el delito de asociación delictuosa y tres mil 750 por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Toda vez que no se cuenta con dato de prueba que permita identificar sus percepciones, se solicita que la multa a imponer sea cuantificada conforme al salario mínimo general vigente al momento de los hechos en esta Ciudad de México (antes Distrito Federal) que era la cantidad de 64.76 pesos, que multiplicado por los cuatro mil 50 días multa solicitados asciende a la cantidad de 262 mil 278 pesos”, detalla el documento, del cual MILENIO tiene copia.

De sumar todos estos montos y solo correspondientes al caso Odebrecht, aunado a que el valor de la residencia en Ixtapa-Zihuatanejo debió aumentar a esta fecha, el monto casi duplica lo que hoy ofrece Lozoya.

En el caso de Agronitrogenados se repite esta situación, pues la FGR pide para el ex director de Pemex una multa de cinco mil días de salario, una reparación del daño de 3 millones 400 mil dólares, así como el decomiso de su mansión en el conjunto residencial La Retama, ubicada en la calle Ladera de Lomas de Bezares, en Ciudad de México, por la cual Lozoya pagó en 2012 más de 2 millones 900 mil dólares.

Por lo que, de ir a juicio y ser declarado culpable en estos dos casos de corrupción, Emilio Lozoya no solo puede llegar a pagar una suma millonaria, sino que también puede pasar más de 60 años en prisión, así como 22 años su madre, aunado a que la FGR reactivaría la búsqueda contra su hermana y esposa, contra quienes, de llevarlas a juicio, las autoridades pedirán más recursos como reparación del daño y sanciones.

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