El 18 de mayo de este año la señora Ángela Lacán, ayudada por su hija, se puso frente a una computadora. En el fondo alcanzaba a verse el techo de lámina y unas repisas hechas con cajas. Lo que estaba detrás de la pantalla contrastaba tremendamente con los lujosos libreros de maderaestilo caoba del personal de la Corte.
Doña Ángela intenta hablar, pero no sabe cómo prender el micrófono de esa computadora que para ella y su familia les resulta tan ajena. Cuando finalmente ella y su hija lo averiguan, luego de un suspiro y un largo silencio arranca su presentación:
“Yo soy Ángela, esposa de Efraín Pineda, mamá de Richard, de Mariela”. Hizo un silencio, reclinó su cabeza hacía el piso e intentó recuperar el habla. “Disculpe, se me cortan las palabras los momentos que hablo de esto, y bueno voy a tratar de hacerlo mejor”, se disculpó la señora, apenada.
“Lo que quiero decir es que desde el momento en que pasó todo esto yo quedé muy mal de los nervios, porque en mi mente esperaba a mis hijos, que ellos vinieran. Yo sé que no va a ser así pero en mi mente y mi corazón deseo eso, que tal vez ellos vinieran un día”, agregó.
A la señora Ángela —una mujer que parece mayor de lo que en realidad es, con surcos en la piel, lastimada por los años de trabajo—, le asesinaron a su esposo Efraín Pineda Morales, a sus hijos Richard y Nancy Maricela Lacán. También perdió a sus sobrinos Mayra Cifuentes Pineda y a Luis Humberto Álvarez Pineda, en San Fernando Tamaulipas, muy lejos de su pueblo.
Le fueron a presentar cinco cuerpos el 5 de noviembre de 2010 en la ciudad de Guatemala, pero se los entregaron con la condición de no abrir los féretros. Tampoco le proporcionaron la documentación sobre el proceso de identificación post mortem que pudiera certificar con precisión la identificación de cada uno. Vaya, no tenía ni siquiera algo de información científica que le diera una pequeña certeza.
Así, los cuerpos fueron sepultados en el Cementerio General del municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla, Guatemala, en dos tandas: el 6 de noviembre del 2010 y el 24 de marzo del 2011 el último de ellos.
Sipacate siempre fue considerado un pueblito costero, aunque desde el año 2015 se le convirtió en municipio. Hasta entonces hubo estadísticas y se supo que ahí viven unas 16 mil personas. Pero ese número es relativo, porque los hombres del pueblo han emigrado a Estados Unidos, cuya frontera está a más de 1800 kilómetros de ahí.
Doña Ángela está frente a su computadora 11 años después de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, luego de que entre la noche del 21 y madrugada del 23 de agosto de 2010, alrededor de 70 migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India por un grupo de sicarios que los interceptaron y los llevaron a una bodega a unos 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Ahí los violentaron y, finalmente, los asesinaron
Exhumar para comprobar la identidad
“Pero bueno, yo quisiera saber si son ellos [mis familiares] los que tenemos en Sipacate o tal vez de repente tengo a otra familia y tal vez esa familia tiene a mi familia”, razonó con voz entrecortada la señora Ángela en una audiencia grabada a la que MILENIO tuvo acceso.
Ahora, ella y el activista Oswaldo Samayoa han presentado un recurso para exigir a las autoridades de Guatemala la exhumación de los cinco cuerpos y que sea posible realizar los estudios científicos que merece la familia. Es obvio que existen indicios y hasta evidencias que ponen en duda que los cuerpos podrían no ser de los familiares de la señora Lacán.
MILENIO tuvo acceso a los documentos legales y al amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que por primera vez desde la masacre, cuestiona los procesos de identificación y entrega de los cuerpos del entonces gobierno de México encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y la falta de preguntas por parte del de Guatemala.
Además, pese a las promesas del gobierno mexicano en 2018 sobre que iniciaría la reparación a las victimas,la mujer no ha sido contactada para recibir ningún monto económico, apoyo psicológico ni legal para llevar su duelo por el asesinato de todos los integrantes de su familia. Porque aquella noche en Tamaulipas, Los Zetas terminaron con el clan Pineda Lacán.
La historia del V73
Ni la señora Angela ni los familiares de los otros migrantes que terminaron en San Fernando, Tamaulipas, saben con exactitud cuándo y cómo murieron sus hijos, sus esposas y maridos.Han pasado 10 años y conocen solo una versión contada por un sobreviviente que fue identificado oficialmente en los documentos judiciales en México como V73.
Esta persona, desde un hospital, contaría su verdad, que es la que se sostiene hasta el día de hoy. Relató que sábado 21 de agosto del año 2010, alrededor de las 10 de la noche, él y otros migrantes que iban camino a Estados Unidos fueron secuestrados por un grupo de ocho hombres, quienes amenazándolos con sus armas de fuego los trasladaron a una casa en el municipio de San Fernando, donde les ataron las manos con cintas de plástico.
En la mañana del 22 de agosto, los subieron a bordo de un autobús y fueron conducidos a un rancho. Ahí otros hombres les preguntaron si querían trabajar para Los Zetas. La mayoría se negó: solo querían trabajar duro pero en Estados Unidos. Fue entonces que les vendaron los ojos, los tiraron al suelo y les dispararon por ráfagas.
Un segundo sobreviviente pudo contar su propia versión y más detalles que permiten a las familias reconstruir de manera al menos parcial qué ocurrió esos días en México. La historia se parecía mucho a la de V73: para llegar a los Estados Unidos él y otros paisanos habían contratado los servicios de un pollero pero el 21 de agosto, a bordo de dos camionetas rumbo a Reynosa y en compañía de otras personas migrantes, fueron interceptados.
Los hombres armados los obligaron a subir a los vehículos, en los que viajaron por un lapso de entre 20 y 30 minutos. Llegaron a un inmueble, fueron obligados a entrar y luego los ataron de manos. Después vinieron las preguntas y al final, los disparos de arma de fuego durante cinco minutos.
El primero de los sobrevivientes se hizo el muerto para sobrevivir; el segundo logró desatarse y esconderse en unos matorrales previo a las ráfagas. En la madrugada del 24 de agosto de 2010, el identificado como V73 volvió al rancho de San Fernando, pero esta vez llevó a la Marina.Con sus indicaciones los ayudó a encontrar 72 cuerpos. Y ahí presuntamente estaban los cinco familiares de Ángela Lacán.
Evidentemente las investigaciones del caso San Fernando se hicieron al estilo policía mexicana: tanto el levantamiento de evidencias e indicios, así como la ubicación de cada uno de los cadáveres y la fijación fotográfica por parte del personal de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, se realizó en forma precipitada, deficiente y sin metodología.
Por ello se perdieron indicios importantes, como la ubicación de casquillos percutidos, balas e impactos relacionados con la trayectoria de cada uno de los proyectiles, además de que hubo omisión en asentar, de manera exacta y minuciosa, la descripción de la posición de los cuerpos, la orientación, edad aproximada, media filiación, estatura, ropas que vestían, calzado y todo aquello que pudiera ayudar más tarde a sus familias.
Hoy se sabe que los peritos de la Procuraduría tamaulipeca cometieron serias deficiencias, ya que para la identificación de cadáveres no se realizó una descripción completa y adecuada; por ejemplo, omitieron detallar el estado de la dentadura de las víctimas, a las que sólo las clasificó con categorías inútiles como “mal” y “bien”.
Esta cadena de procedimientos deficientes hacen dudar a doña Ángela que realmente sean sus familiares aquellos que enterró en el panteón de su pueblo. La Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, en su recomendación reveló que en el caso de una de las personas migrantes fallecidas, las autoridades estatales al inicio la identificaron como persona del sexo masculino, y después ratificaron: era del sexo femenino. Por su parte, los peritos comenzaron identificando con el nombre incorrecto a una de las víctimas, luego se percataron de que en realidad correspondía a otra. Así de garrafales eran los errores, un error tras otro.
“Te mandan familiares que no son tuyos”
Oswaldo Samayoa, defensor de derechos humanos y abogado, cuenta que el caso de la señora Ángela llegó a sus manos cuando una colega le contó la historia de una mujer que perdió prácticamente a toda su familia en la masacre. Fue cuando el abogado decidió enfrentarse a las autoridades guatemaltecas y su burocracia.
Explica que México hace una “supuesta identificación de cadáveres”, pero no necesariamente realizó una correcta identificación forense, dado que existen precedentes de otros migrantes que han sido entregados a sus familiares pero al constatar su identidad, resultaron no serlo, eran ajenos. “Te mandan familiares que no son los tuyos”, denuncia Samayoa.
Desde entonces y ante la admisión del Estado mexicano de que flaquea con problemas en la identificación forense, le solicitó a Guatemala que iniciara las diligencias de exhumación y le permita conocer si hubo un error, para rectificar. Sin embargo el Estado guatemalteco no puede hacer exhumaciones sin orden judicial, por tanto el ministerio público tiene que solicitarle a un juez la orden para abrir las tumbas.
El abogado y activista explica que, hasta ahora, el ministerio público no ha querido llevar el caso de San Fernando ante un juez porque, dijo, tiene un convenio de cooperación con lo que era la Procuraduría General de la República (PGR), que les advertía que las investigaciones de los delitos sucedidos en territorio mexicano dependen de México, no de Guatemala. De tal manera, se necesita que los mexicanos autoricen previa solicitud de la exhumación por vía diplomática.
“Lo que hizo la PGR es que dijo: ‘bueno, para que no sea un obstáculo ese convenio bilateral, voy a desistir de la acción, es decir ya no se trata de la investigación de quien los mató sino de quiénes son” y qué identidades reales les corresponden. Pero eso pasó en años previos a que la Procuraduría se convirtiera en Fiscalía (FGR).
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Hoy, el ministerio público argumenta que como México desistió, ya no es propiamente un caso de relevancia, que interese. En la audiencia que revisó este diario del pasado 18 de mayo de 2023, la representante del ministerio público de Guatemala leyó ante los magistrados un documento, que asegura recibieron de la hoy Fiscalía que dice lo siguiente:
“Al respecto me permito comunicar a usted que la gente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, por medio de un oficio de fecha de noviembre de 2022 solicita que se deje sin efectos la asistencia jurídica internacional que tiene como propósito la exhumación requerida”.
Es por esto que como primer paso el abogado y la señora interpusieron una garantía de amparo en una corte de apelaciones donde solicitaron que se tutelara el derecho humano de doña Ángela a poder determinar el paradero de sus familiares; sin embargo, la Sala de Apelaciones también dictaminó que no era un tema de interés y que no se estaban violando sus derechos.
En vista de lo anterior, presentaron una apelación a la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, una de las máximas instancias legales de este país. Están en espera de la respuesta.
Problema político binacional
“Creo que esto es un trámite más político, porque imaginate si ganamos este amparo, cuántos guatemaltecos y guatemaltecas migrantes han muerto en México que han sido devueltos y sus familiares están ante la creencia de que son ellos, y a partir de esto todos tengan dudas y todos pidan que se hagan exhumaciones. Políticamente ambos Estados se están cuidando”, reflexiona Samayoa.
El abogado dice que no puede ser que se abuse, se mate, se robe a los migrantes:
“Culturalmente seamos una población que admite: ‘me violaron mi derecho, [pero] como soy pobre y sin recursos pueden hacer conmigo y con mi dignidad lo que quieran’. Creo que doña Ángela, en su condición de adulta mayor, de mujer, de madre, encierra muchísimas transgresiones, debe reivindicarse su dignidad y el hecho que aparezcan sus familiares también la reivindica”.
Hoy la señora Lacán y Samayoa esperan que los jueces le ordenen al ministerio público que realice las exhumaciones con fines de identificación, además de los peritajes forenses como pruebas de ADN, necesarios para determinar si son o no los familiares de doña Ángela. También quieren lograr el reconocimiento físico, ya que la señora nunca pudo abrir esa caja. Y eso es lo que le carcome el alma.
Pero existe alguna esperanza en lograrlo dado que este año recibieron un oficio por parte de la FGR donde reconocen que los peritos de la Comisión Forense concluyeron que no les era posible confirmar la plena identificación y entrega correcta de las víctimas, debido a la deficiente documentación de los procesos de identificación y entrega.
“Quiero saber si no son mis niños, puede ser que otra persona tenga a mis hijos yo les pediría que me ayuden en eso, ya tantos años. He pasado mucho tiempo enferma, paso las noches sin dormir y en mi mente digo: van a venir, van a aparecer en Navidad, para un cumpleaños”, menciona Doña Ángela antes de derrumbarse de nuevo.
Tal vez lo más triste es que ella no es la única madre atravesada por esta doble tragedia. Aunque no se revelan los nombres de los familiares de las víctimas, desde el 29 de junio del 2011 la madre de uno de los migrantes encontrados en las fosas de Tamaulipas dejó su testimonio que revela el modo de operar del gobierno de la República y el de Tamaulipas:
“Al acudir… a reconocer el cuerpo… no se lo dejaron ver y únicamente le enseñaron cuatro fotos del cuerpo, mismas que … no se parecía a dicho cuerpo, por lo que les comentó que no podía firmar sin ver el cuerpo porque el cuerpo que ella veía en las fotos no era el de su hijo... le negaron rotundamente la oportunidad señalando que … estaba en estado de descomposición… se vio obligada a firmar el documento en donde aceptaba que el cuerpo era de su hijo.”
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