Un juez federal negó reinstalar como integrante activo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) al vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas, sobrino político del ex titular de dicha dependencia, el almirante Rafael Ojeda Durán.
El ex mando naval promovió un amparo en el que impugnó su baja del instituto armado, luego de que fue vinculado a proceso.
¿De qué lo acusa la FGR?
La Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó de ser presunto líder del grupo delictivo de Los Primos, organización dedicada al huachicol fiscal, acciones en las que supuestamente también está involucrado su hermano Fernando.
Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, rechazó conceder la suspensión provisional al quejoso porque dijo que se debe proteger el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública del personal de los miembros del Ejército y, por ende, la Seguridad Nacional.
El juzgador puntualizó que, de otorgar la medida cautelar, se contravendrían disposiciones de orden público y se perjudicaría el interés social.
“En efecto, se contravendrían disposiciones de orden público y se perjudicaría a la sociedad de conceder la medida cautelar solicitada para los efectos que la solicita, debido a que la sociedad está interesada en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
“De tal manera, la destitución de labores del servidor público tiene por objeto garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública.
“Por lo tanto, resulta inconcuso que, de otorgarse la suspensión en el caso, para que no surta efectos la determinación de baja del servidor público, implicaría que se siga perjuicio al interés social; de manera que es razonable que se proteja el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública del personal de los miembros del Ejército y, por ende, la Seguridad Nacional”, detalla la resolución.
El juez fijó para el 17 de febrero la celebración de la audiencia en la que definirá si concede la suspensión definitiva.
Hace unas semanas, el vicealmirante Manuel Roberto hizo pública una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que denunció la supuesta fabricación de delitos en su contra, un proceso penal viciado y politizado, y la negativa de acceso a la investigación, además de su baja irregular de la Marina.
RM