El ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán y el ex policía J¿judicial Juan Sánchez Moreno, presentaron una solicitud de amparo ante un tribunal unitario con sede en el estado de Quintana Roo con la finalidad de evitar ser detenidos y la autoridad resolvió conceder la suspensión pero toda vez que se trata de un delito grave del que se les acusa como lo es la tortura pueden ser detenidos en cualquier momento, como de hecho ya ocurrió en el caso de Sánchez Moreno ayer martes.
El expediente de la demanda de amparo interpuesta por Marín Torres señala: “En la inteligencia que dicha medida implica que en caso de que el delito por el cual se haya librado el acto reclamado no amerite prisión preventiva oficiosa o no esté calificado como delito grave en la legislación procesal aplicable, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad personal, lo anterior al no tener certeza del acto reclamado. En cambio, si se tratara de la hipótesis de que el delito por el cual se libró el acto reclamado esté calificado como grave en la legislación adjetiva aplicable o amerite prisión preventiva oficiosa, la suspensión que aquí se concede sólo producirá el efecto de que el quejoso, una vez detenido, quede a disposición de este Tribunal Unitario de Circuito en cuanto a su libertad personal, en el lugar en donde se encuentre recluido y a disposición de la autoridad que corresponda conocer del procedimiento respectivo para su continuación”.
La resolución del Tribunal por tanto, señala que la suspensión otorgada solo tiene el efecto de que en caso de ser detenido el ex gobernador no puede ser trasladado a otro penal distinto del que sea, eventualmente recluido y precisa que la suspensión no evita la detención por parte de las autoridades ministeriales al tratarse de un delito grave.
La misma resolución aplica para el amparo que solicitó Adolfo Karam Beltrán, quien era jefe de la entonces Policía Judicial hoy convertida en Policía Ministerial, en el momento de la detención de la periodista Lydia Cacho y por tanto responsable de los policías que ejecutaron la orden de aprehensión contra la autora Los Demonios del Edén.
Llama la atención que en la solicitudes de amparo estén los tres ex funcionarios pero no se hallan registros de actividad legal de Kamel Nacif Borge, implicado también en el caso de tortura contra la escritora.
ARP