Entre 2014 y 2022, en México había 3 mil 630 migrantes privados de su libertad en penales federales y estatales, de los cuales 40% estaban sin sentencia.
Así lo dieron a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana durante la presentación del informe titulado La criminalización de personas migrantes en México: el caso de Juanita Alonzo y su búsqueda por la libertad.
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De acuerdo con el informe, el 57.7% de las personas migrantes dijo que estaba en prisión “porque la acusaron falsamente de cometer un delito, la inculparon o la confundieron”.
“Después de la detención, y hasta antes de llegar a la agencia del Ministerio Público o con un juez de lo penal, la policía o la autoridad amenazó con levantarles cargos falsos al 44.7% de las personas migrantes”, se lee en el documento.
Las organizaciones acusaron que durante su ruta migratoria, las personas sufren violaciones a sus derechos humanos y son víctimas de procesos de criminalización y judicialización bajo el uso “discrecional” de la Prisión Preventiva Oficiosa.
“La ppo (Prisión Preventiva Oficiosa) se usa de manera generalizada y discrecional, lo que vulnera los derechos de las personas en prisión, en particular del debido proceso”.
Y recordaron que en 2023, las detenciones migratorias alcanzaron cifras récord en México, con más de 600 mil eventos de detención por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).
Mientras que en Estados Unidos se dieron casi dos millones y medio de eventos de detención por parte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (cbp, por sus siglas en inglés).
“El aumento en las detenciones también es un reflejo de la manera en que el Estado mexicano ha optado por una política migratoria de securitización, militarización y criminalización de las personas migrantes”.
Caso Juanita Alonzo
Torturada y sin hablar español, la migrante guatemalteca Juana Alonzo Santizo o Juanita, como la llaman sus familiares, fue acusada de secuestro y encarcelada injustamente en 2014.
El 10 de noviembre de ese año, Juanita fue detenida en Reynosa, Tamaulipas, por agentes de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de una llamada anónima que hacía referencia a un domicilio donde se encontraban personas encerradas contra su voluntad.
Al día siguiente de su detención, refirió que fue golpeada por los agentes de la Policía Ministerial que la detuvieron y que tenía miedo, pero quería denunciar los actos de violencia cometidos en su contra.
El informe retoma el caso de Juanita —representado por el Centro Prodh— quien desde el momento de su detención no contó con asistencia consular de su país de origen, ni con una persona intérprete del idioma chuj.
Además, que al día siguiente de su detención, refirió que fue golpeada por los agentes de la Policía Ministerial que la detuvieron y que tenía miedo, pero quería denunciar los actos de violencia cometidos en su contra.
Hasta su liberación en 2022, Juanita estuvo privada de la libertad bajo prisión preventiva, es decir, en más de siete años no se le dictó sentencia.
RM