Al cumplirse hoy ocho años de la masacre de Cadereyta que dejó 49 víctimas, la Fiscalía General de la República no pudo recibir el expediente que inició la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, porque éste fue destruido por la empresa de paquetería encargada del envío.
Ante esta situación, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue quién está detrás de la destrucción de la primera averiguación previa del asunto.
Hasta hoy, el gobierno de México ha logrado identificar a 17 víctimas, entre los que hay diez hondureños que intentaban llegar a Estados Unidos.
La madrugada del 13 de mayo de 2012, el Ejército reportó el hallazgo de 49 torsos humanos (43 hombres y seis mujeres), en el kilómetro 47 de la carretera Monterrey-Reynosa, del municipio de Cadereyta.
Las autoridades locales y federales acusaron al cártel de Los Zetas de ser los responsables del crimen.
La Fundación para la Justicia recordó que en la masacre también hubo víctimas de Nicaragua, Guatemala y México, hasta donde se sabe por el momento.
“El caso se sumó a una serie de hechos de máxima expresión del horror y denigración humana, en un marco de violencia generalizada y desapariciones sistemáticas, en los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, entre otros”, explicó.
Este es uno de los tres casos que forman parte del mandato de la Comisión Forense, creada en 2013 para la identificación de las víctimas localizadas en las masacres de San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010 y abril del 2011.
El expediente
La organización puntualizó que el 17 de octubre de 2017, la CNDH emitió la recomendación 8VG/2017, a los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, y a la (entonces) Procuraduría General de la República.
En cumplimiento a la citada recomendación, la hoy FGR, a cargo de la investigación de los sucesos, pidió a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo 2012 por dicha autoridad local.
“Después de varios recordatorios y peticiones directas y por oficios, la FGR nunca recibió el expediente sino una notificación de que el expediente había sido destruido por la empresa de paquetería encargado del envío”, detalló la Fundación.
Por este motivo, el 14 de abril de este año presentaron la queja ante la CNDH para que se investiguen los hechos, como una violación más a los derechos de las víctimas de acceso a la verdad y justicia.
Advirtió que iniciarán otras acciones jurídicas para que se investigue la destrucción del expediente, pues la Fiscalía de Nuevo León fue la primera en intervenir en el lugar de los hechos, en recabar indicios, declaraciones y otras evidencias fundamentales para la investigación.
Tanto en el tema de San Fernando y de Cadereyta, la Fundación ha ganado juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se ha ordenado que se reconozca como víctimas a las familias de los extranjeros para que puedan iniciar cualquier proceso legal contra autoridades responsables.
bgpa