A Manuel Méndez Paciencia le mataron a su esposa, Marcela, y a dos hijos, Lucía y Vicente, en la masacre de Acteal en 1997. Los paramilitares que asesinaron a su familia y a 42 indígenas también quemaron su casa en la comunidad de Queshtic, municipio de Chenalhó, Chiapas, y lo obligaron a huir.
Durante cuatro años, Manuel, un hombre alto y delgado, de semblante sereno y arrugas profundas, estuvo desplazado en un campamento. Ahora es parte de un grupo de 308 indígenas tsotsiles, pertenecientes a 12 comunidades de los Altos de Chiapas, que presentaron una demanda de amparo para que el Estado mexicano les repare de manera integral el daño por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
Casi tres décadas después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistó para este jueves 12 de febrero debatir el ejercicio de facultad de atracción (935/2025) sobre el amparo que promovieron las comunidades.
Nada le devolverá a su esposa Marcela Capote Ruíz, a su hijo Vicente Méndez Capote y su hija Lucia Méndez Capote, pero está seguro de que se tiene que hacer justicia por ellos y todas las víctimas de Acteal y las comunidades desplazadas, aunque sea 28 años después, declaró en entrevista para MILENIO.
Así ocurrieron los hechos
Ese día, el 22 de diciembre de 1997, Manuel y su familia, junto con otros integrantes de la organización civil Las Abejas, se encontraban en una ermita en Acteal haciendo una oración para pedir que cesaran los asesinatos y las agresiones en la zona, donde tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, el gobierno lanzó una ofensiva militar que incluyó la creación de grupos paramilitares.
“El 22 de diciembre, como a las 9:00 horas, se empezaron a escuchar los disparos alrededor de la ermita”, cuenta don Manuel, casi sin parpadear, en tsotsil, una lengua indígena hablada por más de 550 mil personas que resiste principalmente en esta zona montañosa de Chiapas.
“Después, empezaron los disparos a nuestro alrededor y me fui a esconder al lugar donde está una nueva ermita, pero los paramilitares llegaron hasta ahí. Las mujeres y niños ya no lograron escaparse, y fueron masacrados”, dice con evidente dolor.
La masacre inició a las 11:00 horas y se extendió hasta las 19:00 horas. A 200 metros se encontraba un destacamento de la policía estatal. El saldo fue de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, asesinados.
“Ahí murió mi esposa, mi hija y un hijo”, remata Manuel y luego guarda un prolongado silencio. Sus ojos se llenan de dolor.
Un grupo de habitantes de Queshtic escucha atento sin interrumpir el relato, algunos asienten cuando van recordando lo que él está narrando, ya que también lo vivieron y, como Manuel, son sobrevivientes de la matanza.
Volver a empezar
La comunidad de Queshtic está a unos 15 minutos de Acteal. Aquí la pobreza se percibe en todo: las calles sin pavimentar, los perros flacos, las casitas de madera y lámina, aquí no ha llegado la cuarta transformación.
En 1997, esta comunidad, que en la actualidad tiene poco más de 150 habitantes, se vio afectada por el acecho paramilitar. En la primera mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, grupos paramilitares se dedicaron a hostigar y amenazar a las comunidades chiapanecas que se negaban a participar en la estrategia contrainsurgente en contra del zapatismo.
Las comunidades terminaron por desplazarse e instalarse en campamentos improvisados, donde escaseaba la comida, faltaba la leña, hacía frío y había muchas enfermedades.
Antonio Pérez Pérez es uno de ellos. Salió de Queshtic el 17 de diciembre de 1997 con su esposa, Antonia Guzmán Pérez, y con un hijo de apenas dos años. En el camino los interceptaron y les empezaron a disparar, aunque lograron escapar gracias a un conocido que los vio en el camino y los llevó en su coche hasta Acteal.
“En el paraje empezaron a dañar nuestras casas. Teníamos pollos, guajolotes, cosechas de café, ganado, caballos, pero robaron todo; desmantelaron mi casa, quitaron las tablas, las láminas, sufrí bastante. Retornamos en 2001, pero sin casa, no tenía dónde vivir, entonces coloqué una lona como techo”, cuenta Antonio Pérez también en tsotsil desde el hogar del que fue desplazado.
“Aquí dejamos nuestra casa, todo lo que teníamos. Empezaron a robar, saquearon nuestra casa. Sufrimos mucho durante el conflicto de 1997”, lamenta también Antonia Guzmán.
A 25 años, la casa está reconstruida. Las tablas de madera delimitan los espacios de la propiedad, la cocina está de un lado y del otro la recámara. Dos grandes telares de cintura destacan frente a la cocina; tanto Antonio como sus hijas se dedican a los textiles, tejen faldas y huipiles brillantes y coloridos.
Después de los años difíciles del éxodo han logrado volver a asentarse aquí en Queshtic, pero con muchas carencias: no tienen agua potable y el piso de la vivienda es de terracería.
La familia Pérez también es parte de la demanda colectiva con la que exigen una reparación, pues en casi tres décadas ninguno de los gobiernos ha generado condiciones para el retorno de las familias ni han atendido las causas del desplazamiento. Todavía en la actualidad los perpetradores de la masacre y quienes los obligaron al exilio son sus vecinos.
En 2009, la Suprema Corte ordenó la liberación de 20 personas que estaban acusadas de los asesinatos en Acteal tras considerar que habían sido sentenciados con base en pruebas fabricadas; sin embargo, según los entonces ministros, esto no significó que fueran inocentes.
Veladoras para que la Corte los volteé a ver
El 19 de enero, un grupo de indígenas tsotsiles prendió decenas de veladoras blancas en una oficina ubicada en la entrada del corazón de Acteal para pedir que la Corte revisara su caso.
En esta zona montañosa donde las bajas temperaturas y la humedad no dan tregua, frente a la imagen de una virgen rebelde, con la leyenda: "Uniendo voces por la verdad y la justicia", el grupo hizo una oración en tsotsil durante más de una hora para recordar a las víctimas de esta injusticia. Luego, bebieron pox, un aguardiente a base del maíz, trigo y caña de azúcar, que es sagrado para los pueblos indígenas de Chiapas.
Sebastián Gutiérrez Pérez encabezó la oración. Él huyó solo con la ropa que traía puesta junto con 110 familias de la comunidad de Centro Nuevo Yibeljoj, municipio de Chenalhó, en 1997, por la misma razón que sus compañeros, la violencia de grupos armados ligados a caciques locales priistas en esa zona.
También estaba ahí Patrocinio Hernández Gómez, vocero del grupo. Patrocinio tenía diez años cuando las armas expulsaron a su familia de casa, previo a la masacre de sus vecinos de Acteal. Su infancia quedó marcada por la violencia. Hasta los 14 años vivió en un campamento improvisado.
“Empezaron a hostigar y a obligar a las comunidades a participar como paramilitares, pero cuando se negaron les dijeron ‘ustedes son zapatistas’, aunque no lo eran, pues aunque compartían las mismas causas, no compartían el método, la vía armada”, cuenta en español.
“Las Abejas somos pacifistas, vamos a la iglesia. Pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos vio como enemigo político. Con el surgimiento de los paramilitares vinieron los primeros desplazamientos”, cuenta en español.
A principios de enero de 2026, Patrocinio y una comitiva se reunieron en la Ciudad de México con el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien escuchó sus demandas.
El abogado Sandino Rivero, quien representa al grupo de desplazados de Chenalhó en la demanda de amparo, cuenta que el ministro presidente los recibió en su oficina y se mostró sensible a los planteamientos.
“El día que nos reunimos con el ministro presidente, Hugo Aguilar, el 2 de enero de este año, el vocero de Acteal le dijo: ‘la última vez que estuvimos aquí en la Suprema Corte, fue aquí afuera, pero estábamos protestando porque en el año 2009-2010, la anterior Suprema Corte dejó libre a los perpetradores de la masacre de Acteal’”, dice Sandino.
“‘En este momento lo que pretendemos’, le dice el vocero de las Abejas de Acteal, ‘es que nos escuchen a las víctimas, que nos volteen a ver, en nuestra calidad de víctimas’”, añade sobre el encuentro.
Las comunidades tuvieron que recurrir al máximo tribunal luego de que en 2025 un juez de distrito de Tuxtla Gutiérrez resolvió que ninguna de las 308 personas que presentó la demanda de amparo acreditó ser afectada, pese a las pruebas que proporcionaron, como domiciliarias y un peritaje antropológico.
“Para nosotros desde Las Abejas es muy importante que el desplazamiento forzado se catalogue como graves y múltiples violaciones a Derechos Humanos, porque buscamos que se generen políticas públicas para la no repetición de hechos”, reflexiona Patrocinio.
“Hay una enfermedad en nosotros que no ha sido sanada, porque no se ha atendido adecuadamente ese desplazamiento forzado del que fuimos víctimas”.
Las heridas siguen abiertas. En 28 años no ha habido justicia ni para las víctimas de la matanza ni para los desplazados del conflicto armado. La guerra dejó secuelas: división en las comunidades y una profunda fractura en el tejido social. El grupo de 308 indígenas que pide la intervención de la Corte espera que se les reconozca como víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos y que finalmente el Estado se haga cargo de esta crisis.
MD