Desde el año 2015, la entonces Procuraduría General de la República (actualmente Fiscalía General de la República) investigó a la perita Mercedes Doretti, a la abogada Ana Lorena Delgadillo y a la periodista Marcela Turati como 'sospechosas' de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que cobró la vida de al menos 196 personas.
De acuerdo con documentos judiciales que obtuvo The Washington Post, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido) indagó con órdenes de “extrema urgencia” las comunicaciones privadas de las profesionistas que trabajan sobre las masacres de migrantes de San Fernando, como parte de las investigaciones sobre uno de esos crímenes, supuestamente cometidos por el grupo delincuencial Los Zetas.
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Esta mañana, las denunciantes de este “espionaje” policiaco explicaron (con base en el tomo 221 del expediente oficial del caso San Fernando, que obtuvieron tras años de litigio judicial) que agentes de Seido las pusieron oficialmente bajo sospecha de delincuencia organizada y secuestro, junto a los perpetradores de la matanza de al menos 196 personas en abril de 2011, para fundamentar órdenes giradas a servicios periciales y compañías telefónicas de obtención y análisis de datos, con los que elaboraron mapas de contactos y movimientos de cada una de ellas.
Se trata de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a familiares mexicanos y centroamericanos de personas desaparecidas o asesinadas en San Fernando; de Mercedes Doretti, directora en México del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha identificado cientos de restos humanos hallados en fosas clandestinas; y de Marcela Turati, periodista que ha publicado numerosos reportajes sobre la violencia en San Fernando.
Cada una por su lado descubrió insuficiencias e irregularidades en el proceder de la Seido, que fueron dadas a conocer a las organizaciones de víctimas y, algunas, a la opinión pública. Turati consideró que ésta puede no ser la única causa del hostigamiento: el periodo del que hay constancia del seguimiento de todos los registros de llamadas telefónicas, de mensajes y de geolocalización de las denunciantes, febrero de 2015 a abril de 2016, coincide con las tensiones entre el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que condujeron a la abrupta salida del país de los cinco miembros de este último, a fines de abril de 2016.
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Encabezado por Doretti, el EAAF realizó el análisis más exhaustivo del basurero de Cocula, en el que la Procuraduría General de la República aseguraba que los 43 normalistas habían sido incinerados el 27 de septiembre de 2014, y en febrero de 2016 presentó un informe en el que demostró que en ese periodo no se había producido ningún fuego de grandes dimensiones en ese lugar. Y Turati fue una de las periodistas más activas en las investigaciones que cuestionaron la “verdad histórica” de la PGR, que había sido fundamentada en trabajos realizados por Seido.
En los documentos oficiales, las indagaciones de las actividades de las tres mujeres cuentan con la firma de visto bueno de Gualberto Ramírez, el titular de la Unidad Antisecuestros que codirigió, con el director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, las torturas de detenidos por el caso Ayotzinapa, que fueron registradas en videos revelados por MILENIO en septiembre pasado.
Fue hasta el 11 de mayo pasado, luego de más de ocho años de pelear por la obtención de las copias del expediente para las víctimas, que Delgadillo, Doretti y Turati vieron acceso al tomo 221, gracias a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, en favor de Fundación para la Justicia. Sin embargo, al día de hoy, la Fundación para la Justicia aún no ha recibido la totalidad de las copias del expediente de la averiguación previa.
En conferencia de prensa en el Centro Pro de Derechos Humanos, arropadas por representantes de organizaciones de víctimas de desaparición y de derechos humanos de México, América Latina y la ONU, Delgadillo, Turati y Doretti exigieron que cese la investigación contra ellas, el resguardo de su información personal (que sea retirada del expediente San Fernando), garantías para los familiares de las víctimas y que se investigue no sólo a los funcionarios involucrados, sino las operaciones de la Fiscalía General de la República porque, en palabras de Delgadillo, “esto no se va a resolver con que se quite a una o a diez personas, es la estructura la que está mal”.
“Pedimos que se frenen las investigaciones, que éste tomo sea sacado de la masacre de San Fernando porque muchos de los que estamos aquí no cometimos ni secuestro, ni somos delincuencia organizada, ni matamos a nadie, que se saquen esas investigaciones de ahí, que nos digan toda la información que tienen de las víctimas en nuestra contra y, sobre todo, pedimos que no se repita”, dijo Delgadillo.