El 25 de enero, agentes federales hallaron 19 cuerpos calcinados en las cajas de tres camionetas en Tamaulipas. Este hecho llamó la atención de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la cual comparó lo ocurrido con la masacre de San Fernando ocurrida en 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes en esa misma entidad.
El asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diferentes nacionalidades en esa ciudad en Tamaulipas es una de las escenas más violentas que haya vivido México. El hecho tuvo cobertura internacional y Estados Unidos emitió varias alertas para sus habitantes de no viajar a ese estado al calificar a las carreteras de México como muy inseguras por la presencia de grupos delictivos.
El crimen fue adjudicado al cártel de Los Zetas y las investigaciones arrojaron que la matanza tuvo lugar entre el 22 y 23 de agosto en el ejido del Huizachal, en San Fernando, con el asesinato de migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica, en su paso por nuestro país con dirección a Estados Unidos.
Las autoridades lograron esclarecer que un grupo de 76 y no 72 migrantes salieron de Veracruz el 21 de agosto con el propósito de llegar a territorio estadunidense; en la ruta se tenía planeado descansar en alguna de las localidades de Tamaulipas.
No obstante, tres vehículos interceptaron el camión donde viajaban con las personas encargadas de ayudarlos a cruzar la frontera. De los carros bajaron hombres armados, quienes los secuestraron y los condujeron a una bodega en el ejido El Huizachal.
Testimonios de los sobrevivientes indican que los hombres armados los amenazaron para que llamaran a sus familiares en Estados Unidos con el propósito de que pagaran su rescate, después les ofrecieron trabajar para el grupo criminal al que pertenecían.
Los migrantes se negaron y en represalia fueron amarrados en grupos, fueron tirados al piso y los comenzaron a asesinar. Los cadáveres fueron apilados y abandonados.
El presidente Felipe Calderón informó en septiembre de ese año que habían sido detenidos ocho personas y seis más habían muerto; todos habían participado en la masacre de San Fernando.
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Reservan información e identifican a víctimas
Los hombres fueron detenidos y encarcelados en la segunda quincena de octubre acusados de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, corrupción de menores, y homicidio calificado de 72 personas, entre otros.
Sin embargo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exhortó al gobierno de México a “desarrollar una investigación urgente, transparente e independiente, para esclarecer estos crímenes y preservar la dignidad de las víctimas identificando los cadáveres”.
Tras las detenciones la investigación fue cerrada aunque después se dio a conocer la identidad de algunos de esos migrantes asesinados: 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, un ecuatoriano, y 4 brasileños identificados.
La entonces Procuraduría General de la República clasificó la información de esta investigación como reservada, pero 7 años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debería responder si la matanza de 72 migrantes era una violación grave a los derechos humanos, y por tanto si la información tendría que ser pública.
Fue hasta 2017 cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que lo ocurrido debía ser calificada como una grave violación en la materia.
Tras la emisión de varias recomendaciones sobre el caso, la CNDH indicó que un testimonio evidenció que fue la policía la que presuntamente secuestró a los migrantes y los entregó al crimen organizado.
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