Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentará un proyecto de sentencia donde propondrá negar un amparo a la asociación civil Aprender Primero, la cual impugnó las modificaciones a la Ley General de Educación, mismas que echaron abajo las reformas aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El brazo contencioso de Mexicanos Primero, el cual fundó Claudio X. González Guajardo, reclamó 46 artículos que regulan diversos aspectos relativos a la educación, en los que se establecen las directrices de todo el Sistema Educativo Nacional, los principios que le rigen, así como los fines y criterios de la educación; y las facultades, distribución de competencias y las acciones que las autoridades deben tomar para la consecución de tales fines.
También marcan las directrices de la educación de las personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas; la educación inclusiva, así como la participación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su educación.
Igualmente, se regula lo relativo a la formación para el trabajo y su certificación; lo aplicable a la docencia y su formación; las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por parte del Estado, así como de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
En primera instancia, la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó no entrar al fondo del asunto, motivo por el cual sobreseyó la demanda.
Sin embargo, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, revocó el sobreseimiento, pero se declaró legalmente incompetente para conocer el caso, razón por la cual lo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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En el proyecto de sentencia que será sometido a discusión en la Segunda Sala de la Corte el próximo miércoles, la ministra Esquivel Mossa declara infundados cada uno de los alegatos que realizó la asociación de los artículos impugnados.
Entre los argumentos expuestos por Aprender Primero, se menciona que antes de expedirse la Ley General de Educación, se omitió llevar a cabo la consulta correspondiente a personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, así como a pueblos indígenas.
La ministra puntualiza que la asociación no acreditó ser representante de algunos de estos sectores, por lo que carece de legitimidad para impugnar la falta de consulta.
Otro de los temas relevantes tiene que ver con el artículo 99 de la Ley General de Educación, donde se menciona que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares formarán parte del Sistema Educativo Nacional.
Esta parte fue interpretada por empresarios como una virtual expropiación de sus propiedades, pero la ministra deja claro que no existe tal intención.
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