Lejos de los argumentos políticos y las tensiones por temas como seguridad y migración, el equipo legal de la cancillería está listo para enfrentar la primera audiencia pública en la Suprema Corte de Estados Unidos. Con el objetivo de determinar la admisibilidad de la demanda de México contra fabricantes de armas en Boston, Massachusetts.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, que viajó el lunes 3 de marzo a Washington D. C., dijo en entrevista con MILENIO que México tiene argumentos muy sólidos que prueban la negligencia de Estados Unidos y sus fábricas de armas.
Acusan negligencia de EU en tráfico de armas
Por tanto, aseguró que enfrentarán el proceso con cabeza fría y firmes en la estrategia que contempla varios escenarios para reaccionar a lo que determine la corte estadunidense el martes 4 de marzo.
“Tenemos argumentos muy sólidos que prueban que la negligencia de Estados Unidos, de sus armadoras, de sus tiendas de armas, es lo que está generando un impacto con el tráfico ilícito al país. Y lo que esperamos es que estos argumentos sean evaluados y considerados en su justa dimensión jurídica”, explicó.
Desde el sexenio pasado, entre 2021 y 2022, México emprendió una batalla legal, primero contra los fabricantes de armas, demanda presentada en Boston contra Smith & Wesson, Ritmer, Barrett, Beretta, Glock, Stern, Roger & Co, Century Arms y Oak.
Y posteriormente contra las tiendas Diamondback, Shooting, S&G Tactical, The Cove, AIMO A&C, Sprite Sports que venden armas, misma que se presentó en Tucson, Arizona.
Arrocha explicó que en estos procesos México no ha estado sólo, pues siempre ha sido acompañado por organizaciones de la sociedad civil, tanto de México como de Estados Unidos.
Incluso, recordó que la demanda que se tratará en la Corte viene acompañada de nueve escritos amicus curiae, que son documentos que presenta una persona u organización ajena al litigio, pero interesada en el caso con el fin de aportar argumentos y opiniones.
En este caso, presentaron escritos: organizaciones de prevención de la violencia armada, activistas mexicanos, académicos de ciencias sociales, medicina y derecho, March for Our Lives, decanos y profesores estadunidenses.
Además de oficiales de policía, fiscales, los estados de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, DC, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania y Vermont.
Así como miembros y ex miembros del congreso estadunidense.
Además, para fortalecer los alegatos, se está esperando la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
“Aunque las opiniones consultivas no son jurídicamente vinculantes, sirven para robustecer el marco legal y la interpretación jurídica que se tiene que hacer de las normas y eso es lo que estamos seguros de que va a ser esta opinión consultiva y que nos va a ayudar”, destacó.
Con estos respaldos y el buen avance que se tiene en el caso de Arizona, el abogado confía en que saldrá bien la audiencia en la Suprema Corte, pues presentarán argumentos con sustento alejados de las cuestiones políticas y otras negociaciones que corresponden por ejemplo al gabinete de seguridad y al propio ejecutivo.
La estrategia legal de México está encabezada por Jonathan Lowy del Global Action Agency of Violence y por Steve Shadow, que es un experto en el tema.
“Nosotros seguimos la línea y el paso que nos marca tanto la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la cabeza fría, como el propio canciller Juan Ramón de la Fuente, de nosotros abocarnos a lo nuestro. Lo nuestro es continuar con las pretensiones de México en estos litigios. Independientemente de las cuestiones políticas, ya se tratarán los temas de seguridad en las mesas de alto nivel que se han establecido para ello”, expresó.
Preocupa demanda
La fabricante de armas, Smith & Wesson, expresó su preocupación por las demandas y litigios que enfrenta, entre ellas, la que interpuso México en su contra, al señalar que estas podrían tener efectos adversos en sus negocios.
De acuerdo a su último informe trimestral disponible ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, hasta ahora la empresa no puede estimar la probabilidad o rango de pérdidas posibles relacionadas con los litigios que enfrenta, incluyendo el del gobierno mexicano.
“Nos defendemos enérgicamente de los procesos judiciales a los que nos vemos sometidos. Un resultado desfavorable o un litigio prolongado podrían perjudicar a nuestro negocio. Los litigios de esta naturaleza también son costosos, requieren mucho tiempo y desvían el tiempo y la atención de nuestra gerencia”, informó la empresa en el apartado de compromisos y contingencias.
El informe señala que las expectativas que tienen son razonables aunque no se pueden garantizar resultados, desempeño o logros a futuro dado que una serie de factores podrían causar resultados que difieran de las proyecciones.
Dichos factores, precisa, incluyen económicos, políticos, sociales, legislativos, regulatorios, inflacionarios y hasta de salud.
“El potencial de una mayor regulación de las armas de fuego y los productos relacionados con las armas de fuego; acciones de activistas sociales que podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio; el impacto de las demandas judiciales; la demanda de nuestros productos; el estado de la economía de los Estados Unidos en general y la industria de las armas de fuego en particular”, expresó.
RM