El gobierno de Michoacán que encabeza Silvano Aureoles presentó una controversia constitucional contra el ejecutivo federal y la Secretaría de Bienestar, donde impugna la publicación de los lineamientos generales para la coordinación e implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo.
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Los lineamientos establecen que los programas tendrán como prioridad, para ser beneficiarios, las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar.
Asimismo, que los beneficios económicos y en especie de los programas se entregarán de manera directa y sin intermediarios a los beneficiarios, por las dependencias responsables de la ejecución, preferiblemente por instrumento bancario.
Estos programas se aplicarán con base en la suficiencia y disponibilidad presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, los beneficiarios de los Programas Integrales para el Desarrollo serán incorporados a un Padrón integrado por la Secretaría de Bienestar, con información de las dependencias y entidades responsables.
Los lineamientos puntualizan que el Padrón de los Programas Integrales para el Desarrollo será revisado por la Secretaría de la Función Pública de manera continua para su debida validación, actualización y auditoría.
La controversia constitucional fue presentada por el consejero Jurídico del gobierno de Michoacán, en contra del ejecutivo federal, la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, donde impugna el acuerdo por el cual se emitieron estos lineamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero del presente año.
El asunto ya fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, por lo que en los próximos días se resolverá si la controversia es admitida a trámite.
bgpa