A días de que una disputa Los Tlacos y Los Ardillos, grupos criminales que operan en Guerrero, desatara violencia sobre cuatro pueblos de la Montaña baja de Guerrero, miles de habitantes han sido desplazados de sus hogares.
De acuerdo con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), hasta el momento se reportan 81 habitantes asesinados y 25 personas desaparecidas en el contexto de la violencia que afecta a las comunidades indígenas de Chilapa y municipios cercanos.
“Hoy nuestros niños y niñas duermen temblando de frío bajo la lluvia, escondidos en el monte para no ser asesinados. Madres cargan a sus hijos huyendo entre balas y drones mientras el gobierno dice que todo está bajo control”, expresó la organización.
Este caso revive la conversación sobre aquellos casos en que comunidades indígenas se han visto desplazadas gracias a la presencia de grupos generadores de violencia.
Crimen organizado: el motor de los desplazamientos
Esta no es la primera vez que ocurre algo similar en Guerrero, pues en 2020 una disputa entre La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asedió las comunidades serranas del municipio de Zirándaro.
En aquella ocasión, habitantes de comunidades como El Chivo, La Calera y San Rafael fueron atacados por sicarios de dichos grupos criminales
“La Familia Michoacana se encontraba aquí, realizándole la paga a sus trabajadores, y se dio en ese momento el ingreso de camionetas artilladas por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Al paso que vamos nos vamos a quedar sin pobladores en el municipio”, dijo Gregorio Portillo, alcalde de Zirándaro, a MILENIO.
Sin embargo, Guerrero no es la única entidad en la que ocurre una crisis de este tipo, pues el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, reconoció que el desplazamiento forzado en Sinaloa es una realidad que ha afectado a poco más de 3 mil familias que han sido registradas de manera oficial.
López Campos detalló que este fenómeno se presenta principalmente en zonas serranas, aunque aclaró que no está concentrado en una sola región, sino que se manifiesta en distintas zonas del estado.
Esta entidad se ha visto amenazada, principalmente, por el Cártel de Sinaloa, mismo grupo criminal que ha ocasionado que más de 50 familias campesinas de Chiapas abandonaran sus tierras.
Disputas agrarias y amenazas de desalojo
No obstante, la crisis continúa tomando fuerza y los habitantes desplazados exigen a las autoridades poner un freno a la problemática, como es el caso del poblado San Juan Mazatlán Mixe, en Oaxaca, cuyos habitantes se manifestaron en el palacio de gobierno del estado.
Dicha entidad se encuentra en una disputa agraria con el municipio vecino de Santo Domingo Petapa, conflicto que registró un saldo de tres muertos.
Además, la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) agregó que pobladores de Los Valles, y Rancho Juárez del municipio de San Juan Mazatlán, también han reportado amenazas de desalojo.
Las razones son diversas, sin embargo, se trata de un fenómeno que afecta a cientos de comunidades indígenas y exhibe la crisis de violencia, así como el impacto del crimen organizado en el país.
AG