Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano a su lujoso departamento en un edificio habitacional en las Lomas de Chapultepec, para que ahí cumpla la prisión preventiva oficiosa impuesta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que trasladan al empresario de la prisión a su domicilio en menos de seis meses
Lo anterior pese a que la Guardia Nacional, en oficios enviados a jueces federales desde el año pasado, advirtió que, ni aun con vigilancia permanente, dicho edificio ofrece las suficientes garantías para que Minero Alonso no se escape, o para garantizar que no haya riesgo a terceros.
De hecho, solicitaron expresamente que no se permitiera utilizar dicho edificio en el que, además, viven ocho menores de edad.
Recomendación de la Guardia Nacional sobre el caso
“Esta autoridad advierte que el inmueble no ofrece las condiciones necesarias para asegurarse de la presencia del imputado en su interior y evitar su evasión (…) Existe un riesgo objetivo e inminente de fuga o de afectación a la integridad personal de los intervinientes” señala uno de varios oficios de la Guardia Nacional en poder de este medio.
Sin embargo, durante la noche del lunes 9 de marzo, Minero fue sacado del Altiplano y reingresado al departamento 4A del edificio ubicado en Sierra Guadarrama, número 30, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
Elementos de la Guardia Nacional, fuertemente armados, se encuentran desplegados en dicho condominio.
Es la segunda vez que esto ocurre luego de que, como MILENIO documentó en varias publicaciones, Minero Alonso logró en octubre del 2025 ser trasladado a dicho departamento bajo el argumento de padecer hipertensión a sus 35 años de edad.
El empresario aseguró que no recibía atención médica adecuada en el penal. Minero Alonso estuvo por varias semanas en dicho departamento, pero, derivado de otro amparo promovido por los vecinos del condominio, fue regresado al Altiplano a finales de noviembre.
Los representantes legales de la sociedad de vecinos del edificio ya habían presentado, en días pasados, un recurso legal ante el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano para advertir del riesgo de que Minero fuera regresado a su condómino, según los informes de la propia Guardia Nacional.
Pidieron que, en caso de que se realizara una audiencia para analizar el cambio de reclusión, se les permitiera participar y esgrimir estos elementos,
Sin embargo, lo anterior ni siquiera ocurrió porque fueron directamente tres magistrados y un juez federal con sede en Toluca, quienes, siguiendo un amparo promovido por la abogada de Minero, ordenaron directamente que fuera regresado a su domicilio mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.
Los ases bajo la manga de Minero Alonso
Minero Alonso fue detenido y procesado en junio de 2025, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, como resultado de las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada dentro de la carpeta de investigación número FED/FEMDO/UEIORPIFAMCDMX/0000485/2022.
Antes de su captura, Minero ya había sido detenido por autoridades capitalinas tras un cateo en instalaciones de su casa de bolsa. El operativo trascendió mediáticamente debido al aparente robo de recursos en efectivo en el que incurrieron varios de los agentes que participaron.
A nivel federal, las indagatorias avanzaron hasta que la fiscalía encontró indicios suficientes de que dicho empresario realizaba operaciones financieras con recursos que, potencialmente, provenían del narcotráfico.
Paralelamente, en Estados Unidos también se abrió un proceso penal en su contra por otro fraude.
Semanas después de ser procesado e internado en el penal del Altiplano, Minero inició, a través de sus abogados, la ofensiva legal para salir del penal. Primero consiguió que un juez federal cancelara la prisión oficiosa la cual fue modificada por una prisión preventiva justificada.
Luego, en una audiencia celebrada el 12 de octubre del 2025, la jueza de control del Altiplano, Guillermina Matías, autorizó el traslado de Minero al departamento de Sierra Guadarrama, bajo el argumento –combatido de forma deficiente por los fiscales de la FGR– de que en el penal no se le proporcionaba el medicamento diario que requería su hipertensión.
En las semanas posteriores, los vecinos del condominio se organizaron para promover sus propios recursos legales. Remarcaron, entre otras cosas, el riesgo en el que se encontraban ellos y sus hijos ante la presencia de elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados, y lo inadecuado de resguardar en un edificio habitacional a un presunto criminal de alto perfil.
En noviembre, un juzgado federal otorgó una suspensión a los vecinos, por lo cual la jueza de control, María Ambriz López, reinstauró la prisión preventiva oficiosa a Minero y, bajo el argumento de que esta era incompatible con un resguardo domiciliario, ordenó que fuera regresado al Altiplano.
Sin embargo, en contra de esa determinación, los abogados promovieron nuevos amparos y recursos de impugnación y lograron que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito “aclarara” que la reinstauración de la prisión oficiosa, no significaba que tuviera que ser reingresado al penal del Altiplano como ocurrió.
En ese contexto, dicho Tribunal colegiado ordenó al juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, dejar sin efecto la decisión de la jueza Ambriz López de reencarcelar a Minero, y reinstaurar las cosas a su estado original; es decir, al encarcelamiento en el domicilio dictado por Guillermina Matías.
La semana pasada, elementos de la Guardia Nacional acudieron al domicilio para realizar nuevos preparativos sobre el esquema de vigilancia, mientras que el padre de Minero se comunicó con los vecinos para anunciarles que su “hijo regresaría a su casa”. El lunes por la noche se concretó el traslado.
Espacio vulnerable y puntos ciegos
Más allá de los temores expresados por los vecinos a través de sus abogados, la propia Guardia Nacional realizó en octubre del 2025 un recorrido de inspección por el edificio habitacional y concluyó que, ni aun con la presencia de múltiples elementos armados en el exterior y áreas comunes, era posible evitar el riesgo de fuga o incluso el daño a terceros.
En el oficio número GN/UOEC/DGSP/ASMCSCP/CDMX/1910/025, fechado el 15 de octubre de 2025, el oficial de la Guardia Nacional, Oscar Velazquez Lemus, responsable de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, le detalló a la jueza federal que el edifico de Sierra Guadarrama 30 era un espacio “vulnerable y complejo de cubrir”.
Indicaron que el elevador, si bien necesita una llave para operarse, era un mecanismo “fácilmente susceptible de ser manipulable” y, de ser el caso, permitiría a esta persona ingresar a cualquier departamento sin que los guardias tuvieran posibilidad de impedirlo.
A ello, se sumaba que una de las paredes del baño coincidía con otro departamento de una torre contigua donde existe un punto ciego que es imposible de cubrir. Todo ésto sumado a otras modificaciones que podrían haberse realizado luego de la inspección original.
“Se solicita que la defensa y/o el imputado proporcionen otro domicilio que ofrezca las condiciones necesarias para cumplir con la vigilancia fija y permanente y asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar su evasión, ya que existe un riesgo objetivo e inminente de fuga o de afectación a la integridad personal de los intervinientes”, se señaló en dicho oficio.
Dos días después, el 17 de octubre, la Guardia Nacional envió otro oficio con el número 1918 a la jueza de control, con el cual notificó que ya se había realizado el traslado de Minero Alonso al referido domicilio, pero se reiteró que este no cumplía con las condiciones de seguridad para garantizar que no escapara. De todas formas, la decisión se mantuvo.
Ya en noviembre, la Guardia Nacional emitió dos nuevos oficios dirigidos al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo de la ciudad de México, a cargo del recurso que promovieron los inquilinos, en los que volvió a ratificar que el domicilio “no ofrece las condiciones necesarias para asegurar la permanencia del imputado en su interior y evitar una posible evasión”.
RM