Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentará un proyecto de sentencia que propone negar un amparo al empresario Germán Larrea Mota Velasco que, de ser aprobado, dejará el camino abierto para que un Tribunal Colegiado resuelva de manera definitiva si Grupo México debe entregar parte de sus acciones al fondo de inversiones británico Infud LLP.
Los británicos reclaman la compra de 65 millones de acciones serie B de Grupo México, por las cuales pagaron 75 millones de dólares en 2013. Actualmente, las acciones permanecen aseguradas por orden judicial.
Hace unos meses, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia en Materia Civil revocó el fallo de un Tribunal Unitario que sobreseyó el asunto. Ahora, solo se espera que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de algunos artículos del Código de Comercio que impugnó el dueño de Grupo México.
Germán Larrea busca que se le conceda el amparo, situación que orillaría al Tribunal Federal a pronunciarse a su favor.
Sin embargo, la ministra Norma Lucía Piña Hernández propondrá a sus homólogos de la Primera Sala declarar constitucionales los artículos.
Durante el juicio, Larrea pidió declarar impedida a la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, debido a que es hija de la ministra en retiro y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No obstante, se determinó que no existía impedimento y Paula María pudo votar para revocar el fallo del tribunal unitario.
El mencionado tribunal unitario omiti, el estudio de los artículos 1078, 1180, 1187, 1189 y 1193 del Código de Comercio, conforme a su texto anterior a la reforma publicada en enero de 2014 y el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
El quejoso argumentó que los preceptos violan los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque restringen injustificadamente el acceso a un recurso judicial efectivo y transgreden los derechos de audiencia, tutela judicial efectiva, de defensa, debido proceso e igualdad jurídica.
Guillermo Larrea ha buscado que se le fije una contragarantía para que se levante el aseguramiento de las acciones.
La ministra Norma Lucía Piña indica en su proyecto que los artículos reclamados “no restringen el derecho a un recurso judicial efectivo”, porque el Código de Comercio no condiciona el derecho de promover el incidente de reclamación, ni establece como requisito de procedibilidad que no se haya solicitado la fijación de una contragarantía.
“En atención a las anteriores consideraciones, lo procedente es negar el amparo a la parte quejosa”, señala la ministra.
De acuerdo con expedientes judiciales, Infud LLP alegó que realizó varias transferencias electrónicas de fondos, a petición de Larrea, para la compra de 65 millones de acciones serie B. Lo anterior se hizo mediante comunicaciones verbales y electrónicas.
En octubre de 2016, la entonces jueza (hoy magistrada) Sexto de Distrito en Materia Civil, Gabriela Ortiz González, resolvió que Infund LLP no demostró la existencia de un contrato de comisión mercantil que obligaba a Larrea a entregarle las acciones. El fallo fue impugnado, y en una segunda instancia, se favoreció al fondo de inversiones.