Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá amparar y reducir la pena de Claudia Ivonne Sánchez Mendoza, mujer que enfrenta una condena de 22 años de cárcel por haberse beneficiado de la explotación sexual de dos bailarinas extranjeras que laboraban en el centro nocturno 'Solid Gold'.
En 2024, en acato a una resolución de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó su reaprehensión.
Dos años antes, la mujer había recuperado su libertad luego de exponer su caso al entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tras su visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Pero, las víctimas se ampararon y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó al de tribunal de apelación a valorar nuevamente las pruebas, lo que derivó en la confirmación de la sentencia.
Ante esta situación, Claudia Ivonne impugnó el fallo a través de un amparo directo. También obtuvo una suspensión para evitar ser reaprehendida.
¿Cuál es la propuesta?
El asunto está en manos del ministro Arístides Guerrero García, quien el miércoles 29 de abril planteará ampararla para que su sentencia sea reducida.
En el proyecto, el togado menciona que hay pruebas de su responsabilidad en los hehos que se le imputan, pero advierte que no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito.
Indica que, del contrato que tenía la inculpada con el 'Solid Gold' no se desprenden las funciones que tenía encomendadas y aunque podría considerarse lícito que organizara a las mujeres contratadas como bailarinas, su hospedaje, vestuario, incluso la forma en que podrían venir a México, pues ninguna de estas conductas actualiza la conducta atribuida, regulada en el artículo 13 de la Ley General de Trata de Personas.
“Sin embargo, lo esencial es que negó haber realizado esas conductas frente a dos imputaciones firmes que la señalan directamente de haberlo hecho, las cuales se encuentran corroboradas con otros elementos de prueba, incluso esto se obtiene del análisis de las declaraciones de algunas testigos de descargo…”, menciona el expediente.
El ministro señala que la mujer fue condenada por el delito de beneficio de la explotación sexual ajena, el cual, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Trata de Personas sanciona con penas de 15 a 30 años de prisión, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución.
No obstante, explica que la sanción prevista en esa norma no puede coexistir con la agravante contenida en el artículo 42 de la citada ley, que detalla que las penas previstas en este título se aumentarán hasta en una mitad cuando el delito comprenda más de una víctima.
Guerrero García enfatiza que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.
De aprobarse la propuesta del togado, la Corte ordenará dejar sin efecto la condena de 22 años de cárcel para que se le dicte una pena menor.
“No fue correcto aplicar la agravante de que la conducta afecte a más de una víctima porque el delito ya sanciona esa situación, lo cual lleva a conceder el amparo únicamente para que no se le castigue dos veces por dicho motivo y se reduzca la pena de prisión impuesta”.
¿Qué ocurrió en 'Solid Gold'?
En septiembre de 2013, elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México rescataron a 32 bailarinas del table dance 'Solid Gold', localizado en Zona Rosa, pero no detuvo a los socios del negocio.
Un mes después, Claudia Ivonne, quien estaba embarazada, fue detenida en su domicilio, tras un operativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la PGR, Ivonne Sánchez participó en una organización criminal de carácter internacional dedicada a la trata de personas, la cual captaba a las víctimas desde sus países de origen como Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil y de Europa.
La mujer aseguró que ella solo trabajaba en la parte administrativa, pero no era la administradora del negocio.
También denunció haber sido víctima de violaciones al debido proceso y tortura.
En el proyecto del ministro se indica que la mujer trabajaba en la administración de algunos centros nocturnos e intervino en la contratación y el control de mujeres extranjeras, por lo que mediante el engaño, la amenaza con denunciar su situación migratoria y aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad, las obligó a realizar actividades sexuales en esos lugares.
IOGE