A 15 años de los atentados en Morelia, Michoacán, durante el evento del Grito de Independencia, las víctimas siguen peregrinando por la justicia. A la fecha, no hay ningún detenido y las reparaciones del daño, en cuanto al tema económico, son las propias autoridades las que han ido emplazando el tema.
En entrevista con MILENIO, una de las sobrevivientes es Aurora Bravo, quien en aquel 15 de septiembre de 2008 iba acompañada de su esposo, su suegra, una prima con su hijo y dos familiares políticos más; sin embargo, a su casa regresó sin dos de sus acompañantes.
“A pesar de que han pasado 15 años, cada que lo volvemos a platicar se nos vuelve a repetir todo. Yo recuerdo que caminaba y caminaba, pidiendo auxilio. Siento que, desafortunadamente, tardaron mucho en llegar en nuestro auxilio. (La autoridad) dice que no, que llegaron rápido, pero a mí se me hizo eterno”, recordó.
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Ella se encontraba en uno de los dos puntos donde se lanzaron las granadas –plaza Melchor Ocampo y la Avenida Madero Poniente-, y las primeras imágenes que se vienen a su memoria es la sangre derramada en el suelo, los gritos y su sobrina llorando.
El atentado le provocó lesiones en sus piernas y la pérdida considerable en la capacidad auditiva en un oído, sin embargo, otra secuela fue el daño psicológico pues, desde aquel entonces, no asiste a ningún evento masivo.
“No, eso ya quedó, así como debut y despedida porque desafortunadamente tuvimos esa mala experiencia y no nos quedaron ganas de volver a ir y llego a ir, al acto, es en honor a los caídos”, afirmó.
Las advertencias ignoradas
Al cumplirse un año más de la noche trágica que sacudió el centro de Morelia y de todo el estado, Aurora lamentó que por parte de la sociedad y mismas autoridades sean revictimizadas al exigir justicia y una reparación del daño, pues si bien han recibido apoyo del gobierno, como la gestión de un proyecto productivo en el periodo de Silvano Aureoles, a la fecha hay muchos pendientes.
“Parece que somos los malos, las autoridades se echan la bolita”, señaló.
Su esposo José García se pronunció también en ese sentido. Consideró que más allá de los autores materiales e intelectuales de los ataques en 2008, hay una responsabilidad también del gobierno ya que estaban advertidos de posibles atentados.
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“Yo realmente los considero a ellos los principales culpables –al gobierno federal y al gobierno estatal-, porque ellos, posteriormente nos dimos cuenta de que sí habían recibido amenazas, de que iba a haber algún tipo de agresión por parte del crimen organizado y ellos no hicieron nada. Entonces, yo los considero a ellos los principales culpables”, sostuvo.
El 15 de septiembre de 2008, José perdió a su madre y también tuvo lesiones. Una fue una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, así como problemas de circulación en ambas por las esquirlas recibidas.
“A mí no me tocó que me visitara el gobernador ni el presidente de la República, Felipe Calderón. Ellos prometieron que iban a hacer justicia, que iban a atrapar a los culpables, prometieron que nos iban a dar pensiones vitalicias, que nos iban a apoyar al cien por ciento en lo económico y en la salud”, recordó.
Como a su esposa, otra secuela es el daño psicológico, ya que además de evitar asistir a cualquier evento masivo, también trata de no pasar por el lugar donde fue la tragedia.
En lo que se refiere a la parte jurídica, la abogada Reyna Valencia, quien asumió su representación legal, señaló que al menos en el tema de reparación de daño no ha habido una disposición como tal de las autoridades, pues el trámite estimado para un par de meses, se ha ido postergando por años.
Después de 15 años, las víctimas de los granadazos podrán al fin recibir una indemnización económica, aunque el tema penal seguirá pendiente. Quienes en su momento fueron detenidos y acusados por los atentados ya fueron puestos en libertad tras los amparos correspondientes.
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“El proceso penal está suspendido. Como bien saben, en su momento se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra algunas personas que al parecer habían sido quienes perpetraron este acto, sin embargo, en el 2019, con la confirmación de un amparo que promovieron en el 2015, obtuvieron su libertad y, pues desde ese momento el procedimiento está totalmente suspendido”; explicó.
A la fecha, restan por cumplimentarse dos órdenes de aprehensión, sin embargo, una es en contra de Heriberto Lazcano “El Lazca”, líder de Los Zetas abatido hace más de una década, y otra va dirigida hacia Alfredo López Rumbo, alias “El Bola”, de quien nada se sabe.
Como cada año, el gobierno estatal recordará a las personas fallecidas con la colocación de ofrendas florales y la bandera a media asta, aunque el llamado de justicia seguirá estando pendiente.
ATJ