Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, donde impugna que un juez de control rechazó su petición de recabar documentación a su favor.
El ex funcionario busca que se le permitan conseguir medios de prueba en el proceso que se le sigue por el presunto delito de tortura contra el supuesto sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien fue señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En su demanda, Murillo Karam menciona que el pasado 3 de enero se realizó una audiencia donde el juez les dio auxilio para recabar unas entrevistas, pero les negó el auxilio para recabar la documentación.
Rubén Darío Nogueira Gregoire, juez Octavo de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, dio entrada a la demanda de garantías.
Por el momento, el juzgador rechazó conceder la suspensión provisional para dejar sin efecto la decisión emitida por el juez de la causa penal, y fijó para el próximo 7 de febrero la celebración de la audiencia incidental donde resolverá si concede la suspensión definitiva.
En abril de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Murillo Karam por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima El Cepillo, a quien se responsabilizó en la pasada administración de la desaparición de los normalistas.
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Esta fue la segunda causa penal que se inició contra el ex funcionario que fue ingresado al reclusorio Norte y que debido a su precario estado de salud hoy permanece en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco.
La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, a petición de la FGR y fue presidida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur.
En esta imputación, el Ministerio Público Federal lo señaló como probable responsable de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
Hace unos días, estaba prevista la audiencia intermedia donde la FGR pretendía acusar formalmente al ex procurador y solicitar una condena de 82 años de cárcel en la causa penal donde se le señala de fraguar la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
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