DOMINGA.– Dos meses antes de que sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mataran a dos mafiosos israelíes en Plaza Artz en julio de 2019, uno de los asesinos me contó con detalle cómo fue reclutado por el grupo criminal en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza, y cómo recibió adiestramiento en un rancho en Jalisco. A finales de 2018, Mauricio Hiram Suárez Álvarez, El Mawicho, era un ladrón y narcomenudista de veintiún años. Poco tiempo después, viajó casi doce horas para contribuir activamente a la actual crisis de desapariciones.
Los números no mienten: al 27 de marzo de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reconoce que existen 132 mil 534 personas desaparecidas en el país. La cifra coloca a México junto a Siria como las dos naciones con mayor número de desaparecidos del planeta. En 2025, el país marcó un nuevo récord histórico: según A dónde van los desaparecidos, cada día cuarenta personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Es decir: mientras yo escribo este párrafo, alguien acaba de desaparecer en algún punto del territorio. Mientras usted lo lee, también.
En septiembre de 2018 Mawicho salió de la Central de Autobuses del Norte con rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco, harto de su poca suerte como ladrón y de las violentas extorsiones que la Unión Tepito realizaba a los narcomenudistas del barrio. Iba con la mente nublada. Antes de brincar al camión se había fumado un toque y en cuanto se acomodó, el humo le hizo mezclar sueños mitológicos con exacerbados trombones y requintos que tronaban en sus audífonos.
Pero ese sueño épico-pacheco construido a punta de corridos bélicos, narcoseries y siete años de delincuente, se reventó en septiembre de 2019, cuando policías de investigación de la Ciudad de México, Jalisco y personal de la Secretaría de la Defensa lo capturaron en Zapopan. Habían pasado dos meses desde que él y Esperanza Gutiérrez Rojano asesinaron a balazos al narcotraficante israelí Benjamín Sutchi y a su socio Alon Azulay. El CJNG le ofreció cien mil pesos por el doble homicidio; sólo le pagó diez mil. A Esperanza le prometió 25 mil; le dio cinco.
La aritmética del exterminio mexicano no necesita más documentación: matar a dos personas cuesta menos que los celulares con los que se reclutan a sus asesinos.
Según los registros del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en 2004 el israelí y su banda habían intentado traficar cocaína a México desde La Guaira, pero fueron delatados tras un enfrentamiento entre narcotraficantes colombianos y venezolanos, donde salió herido Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo, el líder guerrillero y fundador del grupo paramilitar colombiano conocido como Los Rastrojos, brazo armado de la organización Norte del Valle, y quien está actualmente preso en Estados Unidos por tráfico de cocaína.
Uno de los clientes de Diego Rastrojo era Abigael González Valencia, líder de los Cuinis de Michoacán, recientemente enviado a una cárcel gringa por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La relación entre el líder paramilitar y El Cuini mayor no se limitó al tráfico de toneladas de cocaína. Diego Pérez Henao fue el encargado de enviar a Michoacán a los primeros paramilitares colombianos con los que González Valencia y su cuñado, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundaron a Los Mata Zetas, el brazo armado de los hermanos Valencia que a la postre se convertiría en el mortífero Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sí, el CJNG tiene profundas raíces colombianas.
El adiestramiento de los primeros paramilitares del CJNG
La vida del Mawicho como un delincuente mexicano común, evolucionó de forma vertiginosa gracias a la corrupción judicial y ministerial. A los dieciocho años, tras ocho meses de pisar el patio del Reclusorio Oriente, se graduó como un criminal con contactos en la delincuencia organizada de alto impacto de la Ciudad de México con los que planeó golpes de mayor calado.
Su evolución criminal, gracias a la corrupción judicial chilanga, terminó de abrirle la puertas del CJNG en la colonia Moctezuma a mediados de 2018. No decidió de inmediato. Un robo fallido en el que su familia terminó por pagar un soborno de 20 mil pesos a un agente del Ministerio Público para liberarlo fue el último empujón a la barbarie. En cuanto libró el reingreso al penal, Mawicho decidió aceptar la oferta del “muchacho de la Moctezuma” y así partió al rancho del CJNG, para después formar parte de una célula de asesinos, Deltas de Zapopan.
Mawicho se había esmerado. No a cualquiera se le daba el encargo de matar a uno de los narcotraficantes judíos más famosos del bajomundo israelí. Benjamin Yeshurun Sutchi era un criminal que a principios de los 2000, siendo prófugo de la justicia en su país, atravesó el mundo hasta llegar a la Ciudad de México donde se volvió operador del Cártel del Pacífico en la colonia Polanco, por medio de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, protegido de la desaparecida Agencia Federal de Investigación a cargo de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico.
El poder corruptor del israelí Sutchi era tan grande en aquellos tiempos, que ostentaba un pasaporte mexicano a nombre de Carlos Mena Pérez, identidad con la que se enfrentó a la justicia venezolana a principios de 2004. Después de un peritaje, se dió por legítimo el pasaporte mexicano número 04220001431, a nombre del señor Mena Pérez, yucateco, quien intentó traficar cocaína desde Venezuela. El israelí y su célula compuesta por el sueco-israelí Hassan Nohan Oler, el israelí Yaakov Amsalem y dos mujeres mexicanas, fue traicionado por traficantes colombianos afines a nada menos que a Diego Rastrojo, el narcoparamilitar socio de Abigael González Valencia, que había mandado a los guerrilleros colombianos a Michoacán para el adiestramiento de los primeros paramilitares del CJNG.
Mawicho era por voluntad un delincuente de los Deltas
Al Mawicho se le confió matar al famoso delincuente israelí luego de varios meses de empeño criminal. Ya había mostrado frialdad desde la primera noche que llegó al rancho a las afueras de Puerto Vallarta. Un predio bastante parecido al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, exhibido el 5 de marzo de 2025 por el Colectivo Guerreros Buscadores tras una llamada anónima. La Guardia Nacional ya lo había intervenido desde septiembre de 2024 y detuvo a diez pistoleros. La Fiscalía General de Jalisco no abrió ninguna investigación a pesar de haber encontrado tres presuntos hornos crematorios, restos humanos calcinados, casquillos percutidos y otros indicios que mostraban que aquel espacio había contenido el peor de los horrores.
La ineficacia judicial no sorprendió a nadie. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, la impunidad en el Jalisco del exgobernador Enrique Alfaro, fue de más del 90% y los homicidios dolosos superaron los diez mil. Sólo 2.5% de las denuncias terminaron con un delincuente ante un juez. Las primeras imágenes del Rancho Izaguirre transmitidas en las redes sociales del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco materializaron el relato salvaje que Mawicho contó a finales de mayo de 2019. Ejemplos sórdidos de la crisis de inseguridad ciudadana que hasta hoy desborda muertos y desaparecidos en el estado.
En la primera noche en el rancho cercano a Puerto Vallarta, la mitología narcocultural se desvaneció. Al llegar no encontró escenas de lujo y abundancia de una narcoserie, ni mujeres hermosas y dispuestas como lo retrata Hollywood. Cuando cruzó las puertas de aquel rancho tuvo que hacer un esfuerzo para no vomitarse al ver de frente la bestialidad de los brazos armados de la delincuencia organizada en México. La bienvenida fue atroz: varias personas amarradas esperaban su suerte mientras presenciaban el horror del infierno en la tierra.
“Imagínese, cuando llegué había como veinte secuestrados. En una noche nos aventamos como diez descuartizados. La neta no tenía corazón, ¿me entiende? Pero pus es chamba. Me han vomitado la mierda los mismos muertos, de que ve que se les salen los líquidos por las orejas, y pus ni pedo, es chamba y tengo que hacerlo”.
Esa noche Mawicho aprendió sin vacilar. Quería impresionar a los comandantes que dirigían el rancho y que eran figuras de admiración entre los jóvenes pistoleros provenientes de rancherías locales y de otros estados, como Veracruz, Chiapas y Guerrero. Varios de ellos estaban ahí porque no tenían más opción, ya sea porque fueron reclutados de forma forzada, o porque su familia entera es parte del cártel y no es más que su destino, como el de muchos jóvenes olvidados. Miles de niños, niñas y adolescentes vulnerables, carentes de soluciones efectivas que les lleve justicia a sus comunidades plagadas de impunidad y violencia.
Contrario a esos muchachos, Mawicho era por voluntad, un delincuente. Un exreo que vivió ocho meses en el Reclusorio Oriente por robo agravado. Él no era un campesino desnutrido de alguna región pobre de la zona. Tampoco había sido reclutado de forma forzada, ni su casa quemada y su familia desplazada. Mawicho era un ladrón y dealer chilango que soñaba desde hace tiempo con unirse a un cártel, sin importarle cuál fuera, y sabía los requisitos. Por eso blandió el cuchillo con firmeza, apretó los dientes y siguió las instrucciones de una voz áspera que le indicó cómo debía cercenar la cabeza, los brazos y las piernas del cuerpo de un hombre desnudo recién asesinado; con uno de sus brazos, flácido y amarillento, resistiendo a desprenderse del torso. Su adiestramiento había comenzado.
“Se me fueron hasta las fuerzas”, me contaba Mawicho resoplando como si el recuerdo le provocara cansancio físico. “Haga de cuenta que esto es lo más difícil de cortar, por este hueso que está aquí”. Mawicho estiró su mano y hundió sus dedos medio y anular en mi hombro izquierdo, justo en la coyuntura. Luego detalló: “Cuando metes el cuchillo en el hombro tienes que jalar este brazo, y pus se me habían ido las fuerzas. Ya por más que le jalaba no podía cortarlo. Se gasta toda tu energía, ¿me entiende? Se te acaba”.
Lo entendía. Todo.
El reclutamiento de jóvenes se industrializó
En el rancho no sólo enseñaron a Mawicho a despedazar personas asesinadas para facilitar su desaparición. Los colombianos que se ostentaban como exguerrilleros también lo adiestraron en manejo de armas. Sus instructores le enseñaron a él y a otros jóvenes de entre diciocho y veinticinco años a reaccionar en los enfrentamientos, a caminar de forma ofensiva para ir avanzando y ganando terreno.
Le enseñaron que su vida dependía en gran medida de llevar un conteo de las balas que disparaba y de los cargadores que se ajustaba en la pechera. No podía equivocarse. Tanto él como los otros combatientes se entrenaban para ser enviados a la Tierra Caliente michoacana. Ahí aprendió a volar drones con explosivos, a montar emboscadas y a lanzar ataques a comunidades enteras controladas por los entonces rivales del CJNG: los remanentes de los Caballeros Templarios, los Viagras de Nicolás Sierra Santana y los Blancos de Troya de César Sepúlveda Arellano.
Sin embargo, la fábrica que produjo a Mawicho no se cerró con su captura en septiembre de 2019 en Zapopan: se industrializó. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, se estima que entre 35 mil y 45 mil menores son reclutados cada año por organizaciones criminales. Entre 150 mil y 250 mil más se encuentran en riesgo inminente. La modalidad evolucionó del reclutamiento por contactos, como pasó con Mawicho en la Moctezuma, al algorítmico: hoy las organizaciones criminales operan dentro de TikTok, Facebook, YouTube y los chats de videojuegos como Free Fire o Call of Duty, atrayendo adolescentes con falsas ofertas de empleo.
En el año en que cayó Mawicho, en 2019, y hasta 2024, se registraron en México más de 47 mil denuncias de menores desaparecidos. Comparado con 2018, los casos prácticamente se duplicaron, con un incremento de 103%.
En Jalisco, la Universidad de Guadalajara documentó que el grupo etario que más desaparece dejó de ser el de jóvenes adultos y pasó a ser el de adolescentes de quince a diecinueve años. La Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, así como la de Puerto Vallarta, la misma terminal adonde llegó Mawicho, se han consolidado como nodos logísticos del reclutamiento. Investigadores como la académica Alejandra Guillén del ITESO han descrito un corredor de desapariciones que va desde la región de los Altos de Jalisco hasta Puerto Vallarta, atravesando Guadalajara, donde el crimen organizado recluta cada semana a decenas de jóvenes con falsas ofertas de empleo difundidas por redes sociales.
Jóvenes usados como carne de cañón
Durante poco más de un mes de adiestramiento en el rancho, la disciplina y la limpieza eran absolutamente de corte militar. Todos los días Mawicho tendía su cama pulcramente porque después venían las revisiones y los castigos a los indisciplinados: golpes con la navaja de una guadaña para segar pasto y tablazos en las nalgas, a calzón quitado. Se castigaba severamente a los consumidores de cristal; a los cricos, con diez o quince chingadazos con el dorso de la guadaña. Golpearse o matarse entre compañeros era considerado un delito con resultados fatales, aunque Mawicho y otro chilango de su mismo grupo estuvieron a punto de matarse en la sierra.
Así fue cómo el aprendiz de sicario comenzó a desquitar el sueldo de 4 mil pesos semanales que mandaba por Western Union a su familia en Ciudad de México. Así se adentró inexorable en el mundo bestial de jóvenes combatientes psicópatas que se sacaban fotografías con los cuerpos destazados y las mandaban a sus familiares que también estaban en la maña, estacionados en la sierra Michoacana. Veinteañeros sombríos, muchachos con los ojos abiertos como platos después de vivir diariamente, muchos de ellos desde niños, la más extrema de las violencias.
Jóvenes usados como carne de cañón, consecuencia directa de la corrupción política de sus regiones, de la muerte brutal y los fusiles. “Es algo que de ahí se te hace normal”, me decía Mawicho. “Comes al lado… a veces están cortando las cabezas y tú estás desayunando. Cuando los vi la primera vez, decía ‘¡verga, está cábula!’”.
En apenas ocho meses que Mawicho fue parte del CJNG, calcula al menos cien personas secuestradas. La mayoría fueron asesinadas. “Había a veces que por noche eran diez, quince muertos”. Recordaba sin inmutarse por las personas que padecieron el peor de los dolores y que después de horas de agonía podían morir por la tortura. “El patrón lo quiere limpio, eran las órdenes. Los tenemos que dejar vivir. Sólo es tortura. Tienen que vivir, ¡y si se te muere! ¡No mames! Una vez se me murió un güey sin querer… Bueno, la neta yo... En mi turno estaba bien y otro güey se quedó dormido y ya amaneció muerto”.
Cuando su tiempo en la sierra michoacana finalizó, ya con la humanidad desprendida, Mawicho operó para el CJNG en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde su grupo realizó secuestros rompiendo puertas de domicilios particulares, muchos de ellos relacionados con miembros del Cártel Nueva Plaza, una escisión del CJNG que peleó por el control criminal en el norte de la capital y cuyo líder, Carlos Enrique Sánchez, El Cholo, fue salvajemente torturado y asesinado a mediados de marzo de 2021 en Jalisco.
Mawicho decía que cuando reventaban una casa para llevarse a una persona, se hacían pasar por agentes de la Fiscalía de Jalisco. Llegaban artillados, con chalecos tácticos, fusiles de asalto y armas cortas sujetas a los muslos. Rompían puertas, mataban mascotas por pequeñas que fueran y sacaban a las personas así estuvieran en calzones. “Entramos gritando: ‘¡Fiscalía! ¡Fiscalía!’. Nunca decimos que somos del cártel [Jalisco Nueva Generación], sino de la Fiscalía, y así le hacemos. Y más aparte siempre hay bonos”, dijo, cómo meses más tarde sería el asesinato de los dos israelíes en Plaza Artz.
Después de sacar a las víctimas las llevaban a casas de seguridad donde Mawicho y su grupo ya tenían todo listo para amarrarlos, torturarlos e interrogarlos. La mayoría terminaba asesinada y descuartizada sin que los vecinos de la zona tuvieran conocimiento de la carnicería que se gestaba al lado; o por el terror que representan los jóvenes pistoleros que, según Mawicho, podían actuar con total impunidad gracias a los contactos con la policía local, quienes por medio de una llamada informaban de posibles operativos para allanar alguna de las casas de seguridad que el CJNG tiene regadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Casas que hoy fungen como pequeñas sucursales. Por eso Jalisco supura cadáveres.
Lo que el Mawicho me contó hace siete años no era una excepción ni una rareza sicaria. Era el procedimiento que hasta hoy se carga a la juventud en Jalisco. En marzo de 2025, cuando el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró al Rancho Izaguirre, la confirmación se materializó con imágenes: pilas de zapatos, bolsas con prendas, hornos rudimentarios, restos calcinados. Hoy el balance oficial admite el modus operandi de un “centro de adiestramiento”.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y en lo que va de la investigación ha detenido a 47 personas. Existen órdenes de aprehensión vigentes, con un avance del 64.44% en el procesamiento del predio, que bien pudo ser el rancho donde colombianos entrenaron a Mawicho. Las investigaciones identificaron al entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, como pieza de la red de complicidad institucional que permitió la existencia del Rancho Izaguirre.
Crisis de desapariciones en Jalisco
El horror inició con el PAN. Las crisis forense y de desapariciones se vienen gestando desde hace 20 años. Inició durante el gobierno del panista Emilio González Márquez (2007-2013) y con la mal llamada “guerra contra el narco” emprendida por el expresidente Felipe Calderón en esos mismos años. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue contundente: mil 509 desapariciones durante ese sexenio, un salto considerable respecto a las 261 contabilizadas entre 2001 y 2007.
Se criminalizó a las víctimas, no había un registro oficial de fosas clandestinas, ni protocolos de búsqueda institucionales. Después llegó el priísta Aristóteles Sandoval y el instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se saturó ante el escalamiento de la violencia incontenida. Esto desembocó en 5 mil 346 desapariciones en ese sexenio. Es durante el gobierno de Aristóteles Sandoval que un tráiler refrigerado con 273 cuerpos fue trasladado durante dos semanas de bodega en bodega entre Tlaquepaque, Tlajomulco y Guadalajara porque ya no cabían en la morgue.
Mientras que el trailer deambulaba en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la corrupción, la impunidad judicial y ministerial permitía que los jóvenes pistoleros del CJNG fueran enviados a la ciudad de Zapopan y engrosaran las filas de los Deltas. Según Mawicho, ese grupo de asesinos al que perteneció, contribuyó impunemente a crear la inmensa narcofosa en la que se ha convertido la Zona Metropolitana de Guadalajara, con una crisis forense que ha llegado a detener los esfuerzos de colectivos de búsqueda porque ya no hay espacio para más muertos.
El punto crítico llegó con el gobierno de Enrique Alfaro (2018-2024). Durante su administración se registraron 6 mil 727 desapariciones, llevando el acumulado histórico estatal a 15 mil 372. Primer lugar nacional. El fenómeno se extendió a los 125 municipios del estado, incluidos cuatro que no tenían ningún reporte previo. Alfaro declaró públicamente que 90% de las desapariciones ocurrían “por voluntad propia”. Desde marzo de 2022 su gobierno dejó de alimentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas con datos estatales, lo que redujo artificialmente las cifras y privó a Jalisco de decenas de millones de pesos en presupuesto para búsqueda en 2024 y 2025. Así, Jalisco registró el menor índice de localización de personas con vida del país: 43%, frente al 53% nacional. De diciembre de 2018 a noviembre de 2024, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco también contabilizó mil 769 cuerpos encontrados en 158 fosas clandestinas, parte de un acumulado histórico de 708, el mayor del país. La cifra difiere de los 6 mil 727 casos que el propio gobierno de Alfaro reportó durante el mismo período.
En febrero de 2019, el Centro Nacional de Información del SESNSP, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, inició una auditoría a las 32 fiscalías del país bautizada como Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional, con la finalidad de evaluar la veracidad, consistencia y transparencia de la información de incidencia delictiva. Para diciembre de ese año, confirmó lo que colectivos de búsqueda llevaban tiempo denunciando: reclasificación premeditada de feminicidios como homicidios simples, extorsiones rebajadas a “fraude”, secuestros consignados como “privación ilegal de la libertad”.
Cambia el sexenio, cambia la sigla, cambia el delito que se diluye, pero la operación es la misma: si los muertos, los desaparecidos o las víctimas de feminicidio no caben en el discurso oficial, se les reclasifica hasta que caigan.
Al 31 de marzo de 2026, Jalisco registró 16 mil 110 personas desaparecidas y no localizadas, manteniéndose como la entidad con más desaparecidos del país.
La paradoja se vuelve obscena cuando se mira el calendario. Jalisco es sede del Mundial 2026, y el gobierno estatal invierte 23 mil millones de pesos en obras de embellecimiento mientras los colectivos de búsqueda reportan sistemáticamente la localización de bolsas con restos humanos en distintos puntos de Zapopan, a una distancia aproximada de diez a veinte kilómetros del Estadio Akron, donde se jugarán cuatro partidos, incluyendo el de México vs. Corea del Sur el 18 de junio. La narrativa pone el balón sobre un césped regado con negación. Debajo siguen creciendo los Mawichos, los desaparecidos sin nombre, las fosas sin justicia y una juventud mexicana profundamente vulnerable.
GSC/ATJ