Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la extradición de Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, quien es señalado por autoridades de Argentina de presuntamente pertenecer a una red delictiva que lavó 70 millones de dólares para Daniel Muñoz, quien fue secretario del ex presidente Néstor Kirchner.
Antonio González García, juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal, concedió al regiomontano una suspensión definitiva que impide su entrega, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo que promovió.
Pese al fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aún tienen la posibilidad de impugnar ante un Tribunal Colegiado la medida cautelar otorgada.
La prensa argentina ha publicado que, de acuerdo con funcionarios de ese país, Eugenio Esparza probablemente era el director de empresas fantasma que sirvieron para comprar un terreno en las paradisíacas islas de Turks and Caicos cuyo costo fue de 30 millones de dólares.
También se cree que Esparza Hidalgo podría revelar a la autoridad sobre el destino de 40 millones de dólares que la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, retiró de bancos de Estados Unidos.
Esparza Hidalgo fue detenido en diciembre pasado por elementos de la Policía Federal Ministerial, de la FGR, tras un operativo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, captura que derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición.
El 21 de enero del presente año, el gobierno de Argentina entregó la petición formal de extradición. El documento fue presentado por la FGR el 27 de ese mes ante Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur.
El juzgador emitió su opinión jurídica en el sentido de se cumplían todos los requisitos para que se proceda a la entrega del mexicano.
No obstante, Isaac Eugenio presentó un amparo alegando que la SRE agotó el tiempo que tenía para conceder su extradición, tal y como lo ordena el artículo 30 de la Ley Internacional de Extradición, ya que transcurrió el plazo de 20 días que establece la ley para conceder o negar la entrega.
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