Tras nueve meses de litigio, Alejandro Gutiérrez sale de prisión

Lleva brazalete y no puede salir de la capital estatal porque todavía enfrenta un cargo del gobierno de Chihuahua por $1.8 millones.

En la audiencia del pasado 11 de septiembre le fue colocado el aparato de geolocalización al ex líder priista. (Especial)
Juan José García
Chihuahua /

Luego de una intensa lucha jurídica entre Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI, y el gobierno de Chihuahua, la madrugada del viernes el priista abandonó el Cereso Estatal no 1 de Aquiles Serdán.

Apenas el jueves la magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en CdMx, Isabel Cristina Porras Odriozola, rechazó la impugnación que promovió el gobierno de Javier Corral contra el sobreseimiento que decretó el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia sobre el desvío de 250 millones a las campañas del PRI durante 2016 por el que se acusaba a Gutiérrez.

Sin embargo, no podrá abandonar la capital chihuahuense, ya que tiene un proceso pendiente por el desvío de un millón 800 mil pesos, razón por la que lleva un brazalete electrónico como medida cautelar de geolocalización, señaló el fiscal César Peniche Espejel.

El funcionario estatal sostuvo que el juez que dictaminó la libertad del priista, quien abandonó el penal alrededor de las 4 horas de ayer tras nueve meses de reclusión, hizo caso omiso de una suspensión decretada por un juez de amparo.

“Es el resultado de la irregular actuación de la PGR en la que solicitó el sobreseimiento de la causa penal, no obstante que tenía todas las pruebas para llevarlo a juicio oral…

“Se dará continuidad a los recursos que se encuentran en trámite y se continuará el proceso por un millón 800 mil pesos, causa penal por la que se le impuso un brazalete electrónico que le impide salir” de la capital, advirtió Peniche.

Aunada a la medida cautelar del uso de un brazalete electrónico, tuvo que depositar una garantía de un millón de pesos y dar un domicilio en esta capital, donde su esposa, Diana Gómez de Gutiérrez, rentó una vivienda en el fraccionamiento Cima de la Cantera.

Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre de 2017, en Saltillo, Coahuila, con base en una orden de aprehensión que fue emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, por el desvío de recursos públicos destinados al fortalecimiento de programas educativos en 2016.

ATROPELLO AL PUEBLO

El gobernador Javier Corral Jurado calificó de “atropello” al pueblo de Chihuahua la excarcelación del ex secretario del PRI, y adelantó que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la negación y el entorpecimiento a la aplicación de la justicia en este caso, en el que su gobierno no encontró posibilidad legal alguna para retenerlo.

Precisó que la medida será contra la Procuraduría General de la República y el propio presidente Enrique Peña Nieto por entorpecer el acceso a la justicia.

“Lo que estamos viendo es el cierre vergonzoso, cínico, de un gobierno corrupto y corruptor, que se confabuló con los delincuentes, con los corruptos y una componenda entre jueces y ministerios públicos”, criticó.

Además, acudirá ante el Consejo de la Judicatura Federal para denunciar la violación a los procedimientos en que incurrió el juez Marco Antonio Fuerte Tapia para ordenar la liberación de Gutiérrez, violentando una suspensión concedida al estado de Chihuahua.

Anoche, agregó, se buscó interponer un amparo directo, luego de que se conoció la resolución del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, en el cual se decretaba la liberación del priista, sin embargo, manifestó que ni siquiera les fue recibido el escrito.

“Hay toda una componenda, estaba claro que desde que la PGR se había desistido de las acusaciones y el juez había decretado el sobreseimiento, esta secuencia de decisiones es algo que obviamente ya preveíamos que iba a suceder, por supuesto que retenerlo de manera ilegal no lo vamos a hacer nunca”, manifestó Corral.

Dijo que su gobierno continuará con los cauces legales que se tienen abiertos, pues la resolución del juez Fuerte Tapia “viola una suspensión que nos ha sido conferida y que será un procedimiento que se hará valer ante el Consejo de la Judicatura Federal”.

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