Ante la divulgación del informe Pegasus Project, que reveló la intervención de al menos 15 mil teléfonos de activistas, periodistas y políticos en México, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió regular la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia, así como garantizar una supervisión y autorización estrictas de estas tecnologías.
A través de un comunicado, Bachelet consideró extremadamente alarmantes las informaciones que dan cuenta de un uso generalizado en distintos países del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos y otras personalidades públicas y señaló que estas revelaciones confirman algunos de los peores temores sobre el uso indebido e ilegal de la tecnología de vigilancia para socavar los derechos humanos de las personas.
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“Estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de garantizar una supervisión y autorización estrictas. Sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia”, argumentó la Alta Comisionada de la ONU.
Del mismo modo, Bachelet explicó que la utilización de software de vigilancia se ha asociado con arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. Además, agregó que los informes de vigilancia también hacen que las personas se autocensuren por miedo.
Uso de 'softwares', responsables y justificados
La Alta Comisionada de la ONU recordó a los Estados que las medidas de vigilancia “sólo se justifican en circunstancias definidas rigurosamente y con un objetivo legítimo que las haga necesarias”, y detalló que los gobiernos tienen el deber de proteger a las personas de las transgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas.
Lo anterior, debido a que softwares como Pegasus y Candiru permiten la intrusión detallada en los dispositivos personales, abriendo la puerta a espiar todos los aspectos de la vida de un individuo. Bachelet recalcó que, por este motivo, sólo deben utilizarse en investigaciones de delitos graves y de amenazas a la seguridad.
“Un paso clave para prevenir eficazmente el abuso de la tecnología de vigilancia es que los Estados exijan por ley que las empresas involucradas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sean mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos y establezcan mecanismos de rendición de cuentas más efectivos”, puntualizó.
Por ello, la Alta Comisionada aseveró que los gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de vigilancia que violen los derechos humanos y que deben tomar medidas concretas para protegerse contra las invasiones de la privacidad, regulando la distribución, uso y exportación de la tecnología de vigilancia creada por un tercer actor.
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Igualmente, enfatizó que las empresas que desarrollan y distribuyen esas tecnologías son responsables de evitar daños a los derechos humanos por medio de salvaguardas que mitiguen y remedien los daños que sus productos están causando.
Detalló que tanto su oficina, como otras instancias de la ONU, han advertido repetidamente del riesgo de que las autoridades de los países usen herramientas de espionaje para piratear teléfonos y computadoras personales de periodistas, activistas y opositores que llevan a cabo una labor legítima.
DMZ