Un Tribunal Federal otorgó un amparo al general José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sentencia que ordena dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por su presunta responsabilidad en la compra aviones espía no tripulados y drones de uso militar por casi 615 millones de pesos.
El fallo ordena a un juez de control que sólo reitere la acreditación del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, y que se pronuncie, sin oportunidad de entablar un nuevo debate, si se actualizan o no los probables delitos de fraude equiparado y falsificación de documento agravado.
El 19 de octubre de 2020, una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Oriente vinculó a proceso al general. La FGR lo responsabilizó por la adjudicación de dos contratos a la empresa Balam Seguridad Privada, para adquirir aeronaves no tripuladas.
Dicha compañía y su subsidiaria Grupo Tech Bull, han sido señaladas de vender a la PGR el malware Pegasus, el cual fue utilizado en el sexenio de Enrique Peña Nieto para espiar a periodistas y a activistas.
Uno de los contratos para la adquisición de las aeronaves y drones fue firmado en 2013, por 30 millones 693 mil 600 dólares, equivalentes a 427 millones 46 mil 195 pesos. El otro se signó en 2015, por 10 millones 730 mil dólares, que equivalían a 187 millones 775 mil pesos.
El primer contrato sirvió para adquirir dos aviones no tripulados Dominator XP de la marca israelí Aeronautics Defense Systems Ltd., así como tres drones RQ-170 Sentinel, los cuales fueron fabricados por la compañía norteamericana Lockheed Martin Corporation. El segundo contrato fue para contar con dos aviones no tripulados marca Aerostar, también de la misma firma israelí.
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Durante la audiencia de imputación, se exhibió como dato de prueba una copia certificada del análisis costo beneficio, denominado adquisición de activos tácitos para la realización de actividades sustantivas de la PGR, con el objeto de adquirir dos aeronaves operadas remotamente, y una estación de control en tierra, para actividades sustantivas en apoyo a investigación y persecución de delitos.
Sin embargo, el imputado aseveró que dos aviones adquiridos eran insuficientes para dar cobertura a todo el territorio nacional, “ya que no se atendería la demanda de las 32 delegaciones” de la PGR en los estados y zona Metropolitana.
Asimismo, que tampoco era posible apoyar las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), como se había acordado en las diferentes reuniones del gabinete de seguridad y las operaciones de vigilancia aérea de otras instituciones del gobierno federal.
La FGR detectó que los contratos no se cumplieron como se acordó, porque una de las aeronaves fue entregada con 16 días de retraso, mientras que las restantes se entregaron 183 días después del plazo.
Pese a ello, según la FGR, el general en su carácter de Director General de Servicios Aéreos presuntamente procedió a la devolución de una póliza de fianza por la cantidad de 2 millones 646 mil dólares a la empresa, cuando tenía “a su cargo el cuidado de bienes ajenos”, a sabiendas, que “realizó operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio de un tercero”.
El Tribunal Federal señaló que “ante la estrecha relación de los hechos con apariencia de delitos de fraude equiparado y falsificación, debe examinarse fundada y motivadamente, si el hecho atribuido, consistente en asentar como ciertos hechos falsos fue el medio para devolver la póliza y con ello, causar un perjuicio a un tercero”.
El 18 de marzo de 2019, el general dejó el cargo que desempeñaba en la entonces PGR.
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